El fin último es, indiscutiblemente, recuperar la actividad económica en un porcentaje elevado que nos hurtó la pandemia y las decisiones de confinamiento social y económico.

Los medios que podemos disponer son más endeudamiento, fondos europeos, reabrir la actividad económica o fondos públicos para apalancar la recuperación juntamente con inversiones privadas. Así como una política eficiente de inversión en infraestructuras sanitarias, vacunas y medicamentos paliativos de la enfermedad.

Reconocida por todas las administraciones públicas que operan en Canarias, la necesidad de acometer una profunda y progresiva simplificación burocrática, ya es prioridad de las demandas urgentes de empresarios y administrados en general.

Lo demás, no dejan de ser estrategias, tácticas o planes de comunicación. No habrá ayudas a los autónomos ni las pymes, sin que antes lleguen las subvenciones a las arcas de las empresas y puedan pagar deudas atrasadas. Único factor que debería tenerse en cuenta a la hora de conceder las ayudas.

Nos quedaría afrontar la problemática heredada de la inmigración irregular, que pasa desapercibida, al menos en su justa intensidad, y que está creando serias fricciones sociales ante la pasividad a la hora de favorecer su tránsito hacia otras latitudes europeas, o la devolución a su país de origen.

Mirando la legislación europea, la propia Comisión, niega con rotundidad que España deba retroceder en su normativa laboral, que encuentran adecuada para posibilitar el empleo aparejado a la recuperación y la refundación sostenible que se persigue.

La temporalidad no desaparecerá́ en España, mientras no exista un marco jurídico que garantice la posibilidad de la extinción de contratos de forma mas garantista para el empresario y para el trabajador, donde se sepan los limites y las consecuencias del mismo y se pueda obrar libremente, no manteniendo relaciones laborales toxicas por una sobreprotección, propiciar controles adecuados del absentismo y lograr un resultado equilibrado para que las empresas puedan adaptarse a la nueva realidad del mercado para crear buen empleo, evitando la rigidez y el encorsetamiento legislativo imperante.