Vale, ya empezamos a saber a qué va a dedicar Hacienda la pasta de los fondos: estos días se ha sabido que quieren sacar a concurso por 60 milloncejos de nada, de los que nos han de llegar por covid, la construcción de dos nuevos edificios administrativos en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, destinados a concentrar en ellos lo que han denominado “servicios 24 por 7”, es decir, los que se tienen que prestar 24 horas al día, siete días a la semana, todos las semanas del año.

Como no se trata de meter en el ajo las urgencias hospitalarias –aunque el consejero haya citado en un comunicado las “urgencias sanitarias”, es decir, el SUC, que ya son ganas de confundir–, habrá que colegir que los 60 millones que quiere gastarse Hacienda son para dar respuesta a “todos los servicios de respuesta, alerta y actuación frente a incidencias en materia de seguridad”. En esos edificios, construidos (según dice el Gobierno) a prueba de terremotos, erupciones volcánicas, tormentas e inundaciones (no se dice nada sobre cambios de Gobierno), trabajarán más de medio millar de empleados en cada uno –es de suponer que en turnos– y tendrán una superficie útil de 15.000 metros cuadrados, o sea, más o menos unos 90 metros por trabajador y turno, que no sé yo si es mucho sitio o poco, pero, desde luego, va a dejar sitio para hacer unos despachos súper modernos y muy espaciosos. O no, porque Román ha hecho una lista de usuarios potenciales de las nuevas instalaciones que aturde: el Cecoes, el 112, el Servicio de Urgencias Canario (¿todo? ¿los telefonistas? ¿parte?), la sala operativa de la Policía Canaria, el Cibercentro, el 012, el servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia, el control de viaductos y túneles y el centro de control de la red de emergencias. Y eso, para empezar, porque los edificios podrán albergar también otros servicios que asuma Canarias en función de nuevas competencias estatutarias o por préstamo de espacio a administraciones públicas o entidades dependientes de corporaciones locales, como los centros insulares de protección civil o los de control de los servicios de los consorcios de emergencias o bomberos. Al final, se van a quedar cortos los 15.000 metros por edificio.

Dice el consejero que la construcción de las dos nuevos instalaciones –una en el distrito souroeste de Santa Cruz de Tenerife, la otra ‘provisionalmente’ en terrenos públicos de El Sebadal– es una necesidad perentoria de la Comunidad Autónoma, porque “estamos hablando de la prestación de servicios imprescindibles para la ciudadanía en materias tan sensibles como las urgencias sanitarias, las emergencias o la atención a víctimas de violencia de género.” Tiene toda la razón, don Román: hacen falta esos dos edificios y otros cinco más –uno más por cada isla– y decidir qué se va a hacer luego con las decenas de instalaciones que quedaran obsoletas (y vacías) y cómo se van a pagar los nuevos equipos que habrá que instalar, que imagino yo que irán también a cargo de los fondos covid del programa React-EU, porque esos equipos pueden costar aún más que los edificios.

Y sólo para aclarar, dos dudas: una es si la licitación del proyecto de construcción de los edificios –abierta la pasada semana con cerca de dos millones de euros– se abona también con fondos covid o el eficientísimo Ysturiz ha buscado ya pasta contante y sonante, porque es urgente tenerlo todo dispuesto. Y la otra es aún más fácil: ¿Cómo van a encargar un proyecto de construcción de un edificio en Las Palmas cuando aún la decisión sobre su ubicación no es definitiva? ¿Cómo se puede hacer un proyecto urbanístico y arquitectónico sin tener el espacio de ubicación definido? Hay que ver las cosas que consiguen hacerse desde el Gobierno…