El Gobierno de Canarias ha creado una comisión paralela al propio Consejo de Gobierno que presidirá Ángel Víctor Torres bajo la atenta vigilancia de Román Rodríguez, destinada al reparto de los fondos europeos. Ese reparto se quiere hacer con toda la rapidez posible, por lo que se establecerán –amparándose en la legislación del estado de alarma– mecanismos para relajar los tradicionales sistemas de control que funcionan en la Administración, y que se implementaron en los últimos años para evitar la corrupción, algo que ahora no parece tener tanta importancia como en las campañas electorales.

La noticia de esa decisión, por supuesto, no ha sido presentada así: lo que se nos ha dicho, en circunspecto lenguaje politiqués (calificado en su día por el sociólogo Amando de Miguel como “lenguaje cantinflesco”) es que “una Comisión de Gobernanza y Planificación, encabezada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, supervisará la gestión en las islas de los fondos estatales y europeos para la recuperación tras la crisis de la covid-19, cuyos proyectos tendrán una tramitación urgente y preferente”.

Resulta muy significativo el extraordinario y urgente interés que tienen todos los Gobiernos por controlar esos fondos. El de Canarias crea un sindicato al margen no ya del Parlamento, o del pacto suscrito para la reactivación económica entre todos los partidos, sino incluso al margen de las reuniones oficiales del propio Gobierno, dejando fuera del control de las decisiones a Podemos y Curbelo. Es un órgano copiado del sindicato monclovita montado por Sánchez para hincarle el diente a la morterada europea. Y lo mismo están haciendo todos los Gobiernos regionales españoles, gobierne quien gobierne. Lo que nos dicen es que todos tienen una gran preocupación por la ejecución de los recursos, pero a fe mía que esa no es la preocupación que les mueve. Estos son dineros con los que –muchísimo más de lo que ocurre con el presupuesto ordinario– se puede favorecer a quien se quiera. Lo que de verdad les preocupa a los gobiernos es que salgan sin mucha alharaca los proyectos que ellos quieren que salgan, y que no van a ser ni tantos como se cree, ni van a implicar a tantas empresas como debieran. Los fondos europeos van a moverse como los grandes trenes expresos continentales: con nocturnidad, haciendo el menor ruido posible, y conducidos en dirección a su destino previsto por expertos maquinistas.

Ya nos han anunciado que se contratará a grandes consultoras para asesorar en el destino de los fondos. Eso supondrá un pequeño problema, porque las consultoras tendrán que elegir entre proyectos que ellas mismas habrán desarrollado en nombre de sus clientes. Porque hoy preparar un proyecto financiable con fondos europeos requiere –necesariamente– del concurso de asesores externos, que casualmente son los de las consultoras que el Gobierno contrata. Lo que se pretende es montar un sistema de reparto que –por motivos de urgencia– se pase por el refajo los sistemas de control, pero parezca obedecer a cuestiones meramente objetivas. Pero no va a ser así: esto va camino de convertirse en una juerga caníbal, en la que políticos con despacho de asesores, y asesores que trabajan en despachos políticos, van a colocar los mejores trozos del pastel a empresas asociadas de distinta forma a sus propios despachos, y a veces directamente a empresas que les contratan a ellos o a sus socios.

En fin… que la pasta europea la pagaremos los ciudadanos hasta el último euro. Si sólo sirve para que los más ricos salgan de esta crisis mucho más ricos de lo que entraron, mientras trabajadores, autónomos y pequeñas empresas pagan de sus mermados caudales de pobre el maná transformado en deuda, es que aquí algo está realmente podrido.