En su reciente visita a Canarias, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, deslizó un concepto y a su vez un aviso, sobre la contrarreforma laboral que pretende el Estado amparándose en supuestas exigencias de la Comisión Europea, para el reparto de fondos para superar los efectos económicos de la pandemia.
Ciertamente, lo que solicita Europa a España es conocer las políticas activas de empleo que aplicará con los fondos europeos. O lo que es lo mismo, saber que planes y políticas tiene prevista aplicar para conseguir recuperar el empleo a la mayor velocidad posible, ya que, por aquellas latitudes, se tiene claro que la reforma laboral devolvería rigidez al mercado laboral, así como un nivel alto de desconfianza en empresarios e inversores internacionales.
A estas alturas del siglo XXI, apostar, en cualquier caso, por fortalecer el diálogo social no es un privilegio de empresarios y trabajadores, sino un derecho. Sigue siendo necesario que el Estado abandone su status de superioridad sobre la sociedad civil organizada para seguir apostando, como un actor social más, la organización eficiente y competitiva del interés general de este País.
No se trata de acometer una involución en la ultraactividad de los convenios o la subcontratación. Se trata de reconstruir el futuro centrándose en resolver la tasa de paro juvenil, o de los mayores de 50 años, aquilatar la finalización de las ERTES ajustándola a la realidad de los mercados, simplificar los contratos o invertir en formación dual.
