Una de las muchísimas cosas que no se mencionaron en el ya afortunadamente fenecido debate sobre el estado de la nacionalidad es la catástrofe informática que azotó al Servicio Público de Empleo Estatal –el SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social– hace varias semanas, tan grave que el servicio aún no se encuentra plenamente normalizado. La situación fue tan desastrosa que muchas miles de personas no han recibido sus subsidios y ayudas, incluyendo no solo a desempleados, sino a los recientemente incorporados a ERTE, esa curiosa medida que incluyó Fátima Báñez en la nefanda reforma laboral del PP y que ahora el Gobierno del PSOE y Podemos aplican y glorifican como un logro de la clase trabajadora. Recuerdo perfectamente exigir a Pablo Iglesias y sus conmilitones afirmar que en cuanto llegaran al poder, en los tres primeros meses, derogarían “íntegramente”. Por fortuna no lo hicieron: los ERTE forman parte de esa reforma legislativa que la izquierda ha maldecido durante años. Tampoco escuché en ningún momento (igual me pilló tomando café) una palabra sobre los muchos cientos de isleños inmersos en un ERTE y que no han cobrado un céntimo en dos, tres, cuatro meses. El ERTE no es, como quizá se pudiera imaginar escuchando a socialistas y podemitas, una dulce sombra en la que tumbarse, sino un tránsito áspero y empobrecido camino a la incertidumbre. Claro que Ángel Víctor Torres diría que mejor eso que nada y que cualquier esfuerzo es por definición insuficiente. Curiosa manera de delimitar la responsabilidad política: soy por definición insuficiente y por eso mismo no puedo hacerlo mal. Es como presentarte con un cubo de agua en el incendio de un rascacielos, siendo el jefe de los bomberos, y decir que si todo arde hasta convertirse el humo a ti no se te puede reprochar nada. ¿Acaso no trajiste tu cubito? Lo que sí se anunció en el debate parlamentario es que la ley que regulará la Renta de Ciudadanía será votada antes de fin de año. Dos años y medio para normatizar un derecho que figura explícitamente en el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018. Todavía es un borrador. ¿Y cómo se financiará en una situación económica y fiscal tan crítica? Ya se verá.
En realidad este Gobierno de coalición ha atravesado por tres momentos. En un primero casi todo parecía posible hasta que comenzaron a echar números: contratar más profesores, convertir en funcionarios a miles de interinos, acabar con las listas de espera, soltar más pasta para la dependencia y distribuir una renta de ciudadanía eran objetivos carísimos. Después llegó la covid: la economía se paralizó, la recaudación fiscal se hundió y se disparó el desempleo. Pero se permitió el endeudamiento, se suscribieron pólizas de crédito y se anunció un maná multimillonario desde Madrid y Bruselas. Y hoy el Gobierno regional vive instalado en la convicción de que no solo contará con pasta para mantener casi sine die los servicios sociales y asistenciales, sino que podrá sufragar nuevas ayudas y desarrollar una suerte de Plan Marshall para Canarias. No reparan en los dificultades casi insalvables de la gestión de esos recursos extraordinarios, en que los problemas estructurales de la economía canaria no se resuelven comprando coches eléctricos o facilitando rodajes cinematográficos, que se está sentenciando al plátano, que se ha roto el débil y modesto sistema de investigación y desarrollo en Canarias, que las universidades sigan infradotadas financieramente, que es imprescindible una reforma administrativa y un nuevo impulso al desarrollo competencial y a la reforma del REF. Es un gobierno obsesionado por el gasto más que por la creación de riqueza, y por eso mismo el consejero de Hacienda es vicepresidente, y la consejera de Economía, una licenciada en Historia.
