En verdad me dejó algo sorprendido el artículo que escribió recientemente el periodista Antonio Caño, que fue director de El País, sobre la Constitución española de 1978 al calificarla como proyecto fallido. No es fácil encontrar en la Hispania Nostra una etapa más amplia que los cuarenta años de convivencia pacífica en nuestro país desde 1978. No obstante hay que recordar el 23-F de 1981, cuando el golpe de estado de Tejero, como grave incidencia negativa que entiendo fue contrarrestada en 1985 por una decisión positiva como la adhesión del reino de España a las Comunidades Europeas, luego Unión Europea.
El paisaje en general me gusta definirlo como un cúmulo de historias, tal como dijo hace años el profesor de la Universidad de La Laguna don Felipe González Vicén, a quien conocí cuando el inicio de mi etapa universitaria en el Colegio Mayor San Fernando por los años de 1958-59. Fue uno de los más importantes filósofos españoles del Derecho en el siglo XX que estudió el concepto de revolución y escribió una historia del pensamiento jurídico español. Conoció las vicisitudes de la guerra española, el exilio y la vuelta a La Laguna. Ese cúmulo histórico que definió González Vicén es lo que podemos apreciar al día de hoy, en plena pandemia, en los idus de marzo después de haber vivido cuarenta y tres años de Constitución, entre 1978 y 2021. Es decir, una etapa de las historias políticas sucedidas en España después de la muerte de Franco.
Para tener una visión de la misma conviene que hagamos cada uno de nosotros un examen de conciencia que nos permita reconocer la situación de aquel proyecto político que sorprendió a muchos, propios y foráneos, cuando transitamos de una dictadura a una democracia en 1978. Comencemos por la mismísima Constitución para reconocer que la nación española, en mi opinión, sigue deseando hoy día establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien de cuantos la integramos. Estamos hablando de una Carta Magna conformada por 169 artículos repartidos entre X títulos más cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y otra final. Sus títulos se refieren a los derechos y deberes fundamentales, a la corona, a las cortes generales, al gobierno y la administración, al poder judicial, la economía y la hacienda, a la organización territorial del Estado, el tribunal constitucional y la reforma constitucional. Por ello aceptamos en su momento, diciembre de 1978, la voluntad de: (a) garantizar la convivencia democrática dentro del marco de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; (b) consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; (c) proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; (d) promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; (e) establecer una sociedad democrática avanzada, y (f) colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Finalmente el rey mandó a todos los españoles, particulares y autoridades, que guardasen e hiciesen guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Quizás lo que hoy altere el paisaje político de la España autonómica es la salud mental de algunos políticos y de muchos ciudadanos, derivada de las consecuencias y de los impactos del coronavirus y a lo mejor de las vacunas, sin olvidar el afán del poder.
Por ello no estoy de acuerdo con algunas apreciaciones de Antonio Caño cuando insiste en que la Constitución es un proyecto fallido por una serie de circunstancias relacionadas con el cenagal de la gestión política, la autonomía, la economía, el idioma, el Congreso, la justicia, el sistema electoral y los partidos políticos. Menos mal que excluye al mundo sanitario por su trabajo y a la sociedad española por ser afectuosa y de espíritu abierto, por lo que sostiene y recomienda tener que renovar el pacto constitucional de 1978, con sus reformas correspondientes, para salvar nuestra democracia antes de que España se convierta en lo que define el periodista como un páramo de odio sectario y mezquindad. En eso sí que coincido y cada vez tengo más claro que nuestra situación política es un problema de salud mental y una derivada de la falta de convivencia. Por ello entiendo que hay que pelear por el interés general. ¡Muchos lo hicimos en 1979 y por qué no ahora!
Consecuentemente echo en falta aquellas reuniones que hacíamos en los años de 1960 cuando estudiábamos en Madrid algunos amigos de La Orotava. Platicábamos y reflexionábamos en el Puente de los Franceses del río Manzanares, de la situación de la Villa tinerfeña, de Canarias y de España en general. Lamentablemente la mitad de ellos ya no están con nosotros.
