Después del anuncio de nuevas ayudas por valor de 11.000 millones de euros para las empresas y autónomos, hemos entrado en una fase de sondeos, a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, con el fin de ver cómo reaccionan los distintos sectores y grupos de opinión al texto definitivo que publicará el BOE.

Da la sensación de que se busca que las ayudas sean bien aceptadas, o poco criticadas, en vez de valorar la eficiencia, la capacidad de financiación y el plazo en que se espera que den buenos resultados.

Parece que ya ha calado entre las AA. PP. que estas ayudas son necesarias, diría que incluso imprescindibles, para la viabilidad de las empresas para que sigan aportando recursos y empleo, y no tan solo de la liquidez que se necesitó en época del confinamiento y cierre sanitario de la actividad empresarial.

En primera instancia, el Banco de España alerta sobre el impacto que tendrá en la credibilidad del un País endeudado mayoritariamente con capital extranjero, si se implanta una quita generalizada y obligatoria, exclusivamente, para los créditos concedidos con el aval del ICO.

Todos queremos evitar la quiebra masiva de las empresas, al mismo tiempo que el impacto pernicioso en la banca y el Banco de España, pudiera evolucionar la crisis económica hacia una crisis financiera y de credibilidad, sabiendo el impacto que tendrá en el coste de la deuda, pública, de las empresas y las familias, con su famosa prima de riesgo y consecuentemente, en el cierre de la financiación bancaria.

No es lo mismo consensuar soluciones, que exigir vincular voluntades a una sola propuesta.

Aparte de que la banca tendría que provisionar todas las deudas de la persona beneficiaria de esas quitas que, inexcusablemente, entrarían a pertenecer al indeseado club del registro de morosos.

Si entramos a valorar la opinión empresarial, clama a la justicia que aquellas empresas que no solicitaron créditos ICO fueran discriminadas en las ayudas. No solo porque tuvieran suficiente liquidez para pasar la crisis por su trabajo bien hecho, sino aquellas empresas que decidieron reducir gastos y adaptarse a la realidad sin endeudarse.

Sin duda, este intervencionismo del Estado dista mucho de la realidad económica y financiera y deben ajustarse para garantizar el buen uso de las ayudas para apuntalar el tejido empresarial y el empleo sin mucha demora.