El Gobierno de Baleares expropiará viviendas a quien tenga más de diez pisos desocupados durante un determinado tiempo. Es, casualmente, la medida que el medio gobierno de Pablo Iglesias quiere imponer al otro medio de Pedro Sánchez. Y no debe ser casualidad que la baronesa socialista, Armengol, que cogobierna con los independentistas, le mande un mensaje a sus compañeros de Moncloa.
La vivienda es un derecho constitucional. Lo que se plantea ahora es que un gobierno, incapaz de dar una respuesta pública a ese derecho ciudadano, lo haga incautándose de las propiedades privadas. El asunto tiene flojetud jurídica. ¿Por qué se realiza la acción con propietarios de más de diez propiedades y no de cinco? ¿Por qué a los “grandes” propietarios y no a todos? Esto acabará en los tribunales, salvo que a los propietarios les fijen precios expropiatorios lo suficientemente buenos para que al final, con la excusa de hacer el bien, se esté planteando un negociete puro y duro.
En Canarias, por ejemplo, tenemos un parque público de viviendas que no supera las 18.000 viviendas. Es menos del uno por ciento del mercado. Y eso ocurre en una de las regiones donde se ha producido una explosión demográfica sin precedentes. Hemos atraído a miles de trabajadores que han venido al calor del desarrollo turístico, que necesitaban viviendas en un mercado escaso, además de infraestructuras públicas, como colegios o servicios sanitarios. Los precios de la vivienda se han disparado. Y mientras el alquiler de la vivienda ha engordado, tan feliz, las administraciones públicas han ido corriendo siempre por detrás del crecimiento poblacional.
Es una evidencia que todas las economías de planificación centralizada, donde el Estado es el dueño de todo y de todos, han acabado en atraso, subdesarrollo y crisis social, excepción hecha del caso de China, un extraño híbrido de capitalismo exterior y autoritarismo interno. En los países desarrollados, de economías libres de mercado, la manera de intervenir de los gobiernos consiste en ofrecer directamente a sus ciudadanos bienes y servicios de carácter esencial (como la salud o la educación) o regular los mercados a través de reglas universales y objetivas que garanticen la libre competencia. Y meterle mano a la propiedad privada para tapar las vergüenzas de la incapacidad pública no es una de ellas.
El comunismo de nuevo formato, adornado con las plumas del populismo, está intentando arrimar el ascua de las nuevas leyes a sus viejas sardinas momificadas. Bajo el paraguas de lo social pretende que todo esté al servicio del interés público, como fuerza capaz de quebrantar incluso la seguridad jurídica. Quieren liquidar una Monarquía que consideran corrupta, intervenir la economía, nacionalizar cada vez más áreas de actividad, estatalizar el empleo... Nada nuevo bajo el sol. Y frente a esas ideas, tan legítimas como obsoletas, solo existe el PSOE. La derecha está rota, desgarrada por el extremismo ultraconservador, y el centro político que representaba Ciudadanos está en liquidación. Pedro Sánchez, casi sin quererlo, se ha convertido en la gran esperanza blanca de la socialdemocracia y la moderación. Joder lo que hay que ver.
Imaginen ustedes que la empresa en la que trabaja le debe dos mil euros. Y como se los tiene que pagar sí o sí, porque hay una sentencia judicial de por medio, el propietario le dice que cuando se acabe el contrato, por el que le paga mil euros mensuales, se lo va a prorrogar otros dos meses, para pagarle los dos mil euros que le debe, a razón de mil euros mensuales. ¿Cree usted que de verdad le están pagando la deuda o piensa que le están tomando el pelo? Porque va a trabajar usted dos meses gratis a cambio de que le abonen la deuda. Pues eso mismo es lo que acaba de pactar el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias. Para pagarles a las islas los 400 millones de carreteras que se les debe por sentencia –un dinero que nos quitó por la cara uno de los gobiernos de Rajoy y se ganó en los tribunales– el Ministerio de Transportes ha decidido prorrogar dos años el actual convenio de carreteras por el que nos dan unos 200 millones al año (1.200 millones en seis años), con lo que se entenderá saldada la deuda con los canarios. Supongo que nos deben tomar por idiotas. Y lo peor es que, por la alegría con la que hemos saludado el acuerdo, igual hasta lo somos. El Estado gasta cada año una montaña de millones en las grandes autopistas y corredores peninsulares, en la red ferroviaria de cercanías o en el AVE. Y de todo ese dinero, no llega ni un duro a Canarias. Lo que se pactó, en su día, es que la inversión en las carreteras de esta región se hiciera a través de convenios plurianuales. Ampliar dos años un convenio, sumándole dos años más, no es pagar la deuda. Es una tomadura de pelo.
