El 8 de febrero de 1861, la Reina Isabel II sancionaba la aprobación de la Ley Hipotecaria y ahora celebramos su 160 aniversario. Suponía refrendar una aspiración del liberalismo ya recogido por las Cortes de Cádiz.

En la Exposición de motivos de la Ley se puede leer, refiriéndome a las leyes vigentes entonces, que “ni ejercen saludable influencia en la prosperidad pública, ni asientan sobre sólidas bases el crédito territorial”. Por esto, “la reforma era urgente e indispensable para la creación de bancos de crédito territorial, para dar certidumbre al dominio y a los demás derechos en la cosa, para poner límites a la mala fe y para libertar al propietario del yugo de usureros despiadados” El Ministro de Justicia Santiago Fernández la califica como “obra cumbre de la literatura jurídica, luminosa disertación, pieza insuperable para conocer nuestro sistema hipotecario”.

Así, se dejó atrás un atomizado sistema registral y tuvo aplicación directa e inmediata en todo el territorio nacional, incluyendo, por tanto, en aquella época, los territorios de Ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dicha situación se materializa mediante la creación en cada partido judicial de un Registro de la Propiedad, a cuyo frente se sitúa un Registrador que sirve para consolidar la existencia de un sistema de seguridad jurídica inmobiliaria sobre el cual pivota una de las bases del crecimiento y desarrollo económico.

La Ley Hipotecaria recogía el espíritu codificador existente en la época y fue precursor de otras leyes (Ley Notariado 1862; Ley Registro Civil 1870; Código de Comercio 1885; Ley de Aguas 1886; Código Civil 1889), que constituyen, ellos y a sus ulteriores modificaciones, los textos básicos de nuestro derecho privado.

La citada Ley estaba compuesta inicialmente por 417 artículos, modificados posteriormente en los años 1869, 1909 y 1944-46, fundamentalmente, pero sin que quede duda alguna de que los principios hipotecarios allí recogidos (legitimación, fe pública registral) siguen constituyendo la base de nuestro sistema, siendo por tanto, unos principios vivos subsistentes y, a la vez, en constante modernización y adaptación.

En 1878, Alfonso XII firma el decreto de creación del Cuerpo de Registradores de la Propiedad. Denominación controvertida para su época y para la cual se barajaron diversas denominaciones, como nos narra Pedro Gómez de la Serna, entre las cuales cabe recoger: escribanos de hipotecas, pero la elegida, en todo caso, constituye un símbolo de preparación, profesionalidad y buen hacer en el ámbito de la Justicia preventiva.

La incorporación al Cuerpo de Registradores se realiza por un sistema de oposiciones entre licenciados/graduados en Derecho. Sistema exigente pero también en continua adaptación y donde acceden profesionales con notables conocimientos jurídicos y donde se pretende que formen parte del mismo profesionales reconocidos por su capacidad y de toda adscripción social (cabe recordar el sistema de becas existentes al efecto durante la preparación y del cual se vienen beneficiando un 10% de los compañeros aprobados).

Aunque la primera mujer no se incorporó hasta 1941, las últimas promociones reflejan ya una presencia mayoritaria de mujeres, lo cual viene a suponer una composición prácticamente paritaria en la actualidad.

La evolución así reflejada en sus miembros tiene igual parangón en los retos que afronta en su quehacer diario. La digitalización, revolución informática, el estudio de temas como el “blockchain” o la “digitalización”, bases gráficas, etc. constituyen el día a día de nuestro quehacer. Creo que hemos sido pioneros y continuamos siendo punteros en la incorporación de los mismos en el ámbito de la Justicia. La muy reciente incorporación a la Fundación FIAL para impulsar la Inteligencia Artificial es un ejemplo más de la misma.

Quiero exponer otras actividades tendentes a mejorar el bienestar social y en el cual los registradores estamos profundamente implicados: en colaborar en la solución de la moratoria concursal derivada del estado de alarma; en materia de cláusulas abusivas hipotecarias; en labores de mediación, en este sentido, ya más de 100 compañeros ejercen tal función; en la lucha contra el blanqueo de capitales, a través de nuestro Centro Registral Antiblanqueo, CRAB, y del Registro de Titularidades Reales, RETIR. Más recientemente trabajamos en el Real Decreto que aprueba el reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas, donde se establece un sistema para estimular que las sociedades depositen voluntariamente sus cuentas, evitando así las denominadas “empresas zombie” y en el que los Registradores tienen un notorio papel en el impulso del mismo.

En resumen, toda una serie de funciones destinadas a dinamizar el progreso y la igualdad social que ha llevado a considerar al Registro de la Propiedad durante la crisis del COVID como “servicio público esencial” y a manifestar a nuestro actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo que “Tenemos todo un modelo de seguridad jurídica preventiva (…) que debemos saber conservar y modernizar”.