En España, le ley prohíbe que una mujer cobre menos que un hombre por trabajar lo mismo. Sin embargo, es un hecho incontestable -ahí están las estadísticas- que el conjunto de mujeres cobra menos que el conjunto de hombres. La desigualdad laboral no está en el contrato en sí, sino que se filtra en múltiples formas (precariedad, temporalidad, menor formación, dificultad para conciliar, etcétera) que hace que, al final, las mujeres perciban por su trabajo menos dinero que los hombres. Esa brecha salarial, a pesar de los múltiples esfuerzos (como la ley de igualdad) no solo se mantiene, sino que la crisis por la pandemia la ha ensanchado, borrando los escasos avances conseguidos en los años de recuperación anteriores. Un reciente estudio del sindicato CSIF calcula que volvemos a estar en niveles del 2013, siete años de retroceso, con una diferencia de más del 23% entre las retribuciones de las mujeres y los hombres.

La última Encuesta de Estructura Salarial del INE muestra que, en Canarias, los hombres ganan una media de 22.334 euros anuales. Las mujeres, 19.051 euros. La diferencia porcentual es algo menor que en el conjunto del país, pero no obedece a una mayor igualdad del mercado laboral isleño, sino a su mayor precariedad. La temporalidad y bajos sueldos que caracterizan al mercado de trabajo del Archipiélago matizan una desigualdad por otra parte igual de evidente que en el conjunto del país.

Si se pone la lupa sobre las distintas ramas de actividad, resulta que en las Islas (como también en el resto de España), la brecha salarial se produce incluso en profesiones de alta cualificación. Es decir, en empleos a los que la persona solo puede acceder con una titulación y méritos bien definidos. En la rama de ‘técnicos y profesionales científicos e intelectuales’, por ejemplo, los isleños ganan un 6% más que las isleñas. No resulta así extraño que la brecha se agrande hasta el 25% en el caso de la rama de ‘servicios de restauración, personales, protección y vendedores’, donde por sus menores exigencias y condiciones de acceso la discrecionalidad salarial es mucho mayor.

Todas las crisis atacan antes a los más vulnerables, y esta no iba a ser una excepción. Con el añadido de que, en este caso, el grueso de las restricciones para frenar el coronavirus ha afectado de manera directa a sectores como la hostelería, la restauración y el comercio, muy feminizados. La primera ola de la pandemia también abrió los ojos a la sociedad de las duras condiciones de trabajo que soportan los sanitarios, y muy especialmente del ramo de la enfermería, que también cuenta con una fuerte presencia de mujeres entre sus filas. Paradójicamente, muchas de las actividades que se consideraban esenciales para seguir funcionando durante el confinamiento eran también las más precarias.

Pero, sin necesidad de fijarse en la parte baja de la tabla, la brecha salarial también se reproduce en todos los escalafones. Los pluses, que pueden representar entre un tercio y un cuarto de los ingresos totales de un empleado, son una de las grandes trampas de la desigualdad. Las trabajadoras llegan a cobrar un 25% menos de estos complementos al salario base que los trabajadores. Y aún hay más: que las reducciones de jornada y el trabajo a tiempo parcial (en definitiva, menos ingresos) sea algo más propio de las mujeres tiene mucho que ver con que el peso del cuidado del hogar y la familia siga recayendo mayoritariamente en ellas.

Hay pocas dudas sobre el compromiso del actual Gobierno para combatir la desigualdad, en todos los ámbitos. Los avances en la conciliación son un paso muy importante para lograrlo. Ahora hay que dar un paso más, y aprovechar la reorientación económica que debe acompañar el final de la pandemia para, con la implicación de los agentes sociales y tomando como ejemplo las economías más avanzadas, sentar las bases de un modelo laboral que suponga la igualdad efectiva, y no solo sobre la ley.