Para que este país sea catalogado como emprendedor, la Administración Pública tiene que sostener en el tiempo el valor que la sociedad ha reconocido a los empresarios, como interlocutores en la solución de la pandemia, junto a los equipos sanitarios.

Aún no hemos superado los efectos sanitarios, al retrasarse la vacunación o la inversión en infraestructuras, y a la queja permanente por desatención del sector turístico, comercial, de restauración, autónomos o transportistas, cuando ya surgen las demandas del sector del plátano y de la construcción.

La ley de la cadena alimentaria no garantiza precios mínimos por encima del coste de producción para la venta de plátanos a las 15.000 familias y trabajadores del sector, permitiendo a los productores de banana de otros países vender por debajo de este precio, mediante prácticas ilegales que Europa ni España han detenido. Como consecuencia directa, las rentas familiares caerán, mientras habrá que destruir, innecesariamente, 100 millones de kilos de plátanos canarios.

La construcción, que es el sector que más rápidamente puede crear empleo, se ha dado de bruces contra la falta de inversión pública y la burocracia administrativa, eternizando cualquier proyecto hasta hacerlo impracticable.

Aprovecho para poner en valor a aquellos empresarios, afectados por la pandemia, que la afrontan en silencio, con recursos propios o con créditos bancarios para resistir este periodo, y a los que se les acaban los recursos y su paciencia.

Pasaremos antes la pandemia del Covid-19 que los efectos negativos sobre la economía y el empleo mientras las Administraciones Públicas sigan gastando a manos llenas y no inviertan.

Estamos tardando demasiado tiempo en enterrar el dolor y las cicatrices serán más profundas y longevas de los que muchos piensan.

Aprendamos de la postguerra civil española: el hambre no olvida.