Las listas abiertas

La emigración ilegal se ha convertido en un sistema de economía circular. Los gobiernos africanos cobran por recibir a los ciudadanos que se les devuelven. Las mafias cobran por guiarles a través del desierto y conseguirles un viaje. Los marineros cobran por patronear los cayucos, con o sin barco nodriza. Los comerciantes cobran por los motores y el combustible. Todos cobran y Europa y los inmigrantes pagan. Y miles de personas desesperadas –la mercancía– se juega la vida en la arena y las olas para conseguir un sueño que la mayor parte de las veces acaba en un regreso forzoso a su país. España y Europa deben cambiar las reglas del juego. Deben establecer un generoso cupo de acogida de emigrantes regulares que impida el comercio ilegal con personas. Y luego endurecer sus fronteras. Pero una cosa sin la otra no va a funcionar. Hay inmigrantes que vienen huyendo de la pobreza en países subsaharianos que atraviesan por enormes dificultades. Pero es difícil pensar que el enorme contingente de migrantes marroquíes se encuentre en el mismo caso. ¿Se puede decir que es pobre un país que se está gastando miles de millones de dólares en comprar los nuevos aviones F35 norteamericanos, entre otro armamento que está convirtiendo a las fuerzas armadas marroquíes en una de las más poderosas de la zona? La permanente genuflexión de la Unión Europea con Marruecos, una constante cesión en materia comercial y agrícola, se complementa con miles de millones en inversiones y créditos que siempre parecen insuficientes. Un aliado de España y de Europa no puede seguir jugando permanentemente al chantaje abriendo o cerrando la espita de la emigración. Y si lo hace es porque, simple y llanamente, se lo consienten.

Canarias debe ser uno de los pocos rincones del planeta en donde si plantas papas y te crecen papas, te sorprende. En el año 2013 el PSOE en las islas abrió expediente de expulsión de militancia en el partido a un señor llamado Anselmo Pestana por presentar una moción de censura en contra de las órdenes de la superioridad. Ocho años después, el represaliado es el delegado del Gobierno central en las islas.

A la vista de lo visto no tiene nada de extraño que José Julián Mena, el expulsado alcalde de Arona, siga pasándose la decisión de su ex partido por el arco del triunfo. Lo peor que le puede pasar, a la vista de lo visto, es que dentro de algunos años lo hagan ministro. Lo mismo que a Susana Machín, la consejera del Cabildo de La Palma que decidió vacunarse y que no piensa entregar el acta.

Todo este desastroso espectáculo tiene su raíz en un contrasentido. Las actas de los cargos públicos electos son de las personas que las ganan en las elecciones, no de los partidos políticos. En la base de nuestra democracia, los votantes, cuando ejercen su derecho a ser representados, lo hacen eligiendo a las personas en las que confían, no en unas siglas políticas. Pero el hecho contradictorio es que quienes presentan las listas en los registros electorales son las agrupaciones políticas, que hacen de intermediarios entre la voluntad de los ciudadanos y aquellos que son elegidos.

La partitocracia reinante está en permanente revisión de la proporcionalidad del voto. En Canarias se crearon diez nuevos escaños en el Parlamento regional para que el costo de un escaño en las islas más pobladas no fuese tan desigual con respecto a lo que cuesta en una isla como El Hierro. Porque es verdad que existe una desproporción colosal. Igual que existe desproporción entre los votos que cuesta un diputado al Congreso en Canarias con lo que se necesita en Madrid o Melilla. O entre Canarias y Castilla-León (que con los mismos habitantes tiene el doble de diputados).

Pero más allá de esa diferencia en el número de votos necesarios para sentar a un diputado en su escaño, está la cuestión ontológica de a quién representa ese cargo electo. ¿Al partido que le incluyó en las listas electorales o a los ciudadanos que le votaron? Y la respuesta que vemos de manera cotidiana es que a quien primero obedecen los cargos electos no es al interés general de los ciudadanos sino a las jerarquías de los partidos políticos que les colocaron en las listas. Porque son esos partidos los que cobran la financiación por cada escaño y tienen los aparatos y recursos para financiar la próxima campaña electoral.

La gran reforma de nuestra democracia es que los diputados y senadores electos respondan ante sus electores. O sea, listas abiertas en las que los votantes puedan elegir a qué personas y no a qué siglas quieren darles su confianza y su voto. ¿Y saben qué? Esa reforma no la van a ver en su vida.