La pobreza severa, empujada por los devastadores efectos económicos de la pandemia, podría superar los cinco millones de personas en España –alcanzando a casi el once por ciento de la población– según el último informe de Oxfam Intermón, publicado con motivo de la celebración del Foro de Davos. No se trata sólo de que haya 790.000 personas más empujadas a la extrema pobreza, lo que supone vivir con menos de 16 euros al día, sino del avance brutal de la desigualdad: las personas con menos recursos han perdido en nuestro país, proporcionalmente, siete veces más renta que las más ricas. Esa terrible paradoja de la desigualdad se repite también a nivel mundial: las mil mayores fortunas del planeta ya se han recuperado del efecto de la pandemia, mientras que a los más pobres les llevará al menos una década lograrlo.

El desempleo provocado por la crisis sanitaria es en España el primer factor de aumento de la desigualdad y la pobreza. Los sectores económicos más masivamente castigados por cierres empresariales o quiebras a lo largo del pasado año son precisamente los que pagan peor a sus empleados: de hecho, el salario medio de los trabajadores no directivos en hostelería, gimnasios, bares y restaurantes se sitúa en el entorno de un sesenta por ciento del salario tipo (salario mediano) que cobran la mayoría de los trabajadores no directivos en España. Mientras, los sectores que han podido recurrir al teletrabajo durante los cierres –especialmente los trabajadores empleados por administraciones– reciben salarios –que han seguido percibiendo– en un 140 por ciento superiores al salario mediano. Al margen del vínculo laboral con un sector económico u otro, la tasa de desempleo es del 55 por ciento entre menores de 20 años, y las mujeres constituyen el 57 por ciento de las personas subempleadas y el 73 por ciento de las que desempeñan un trabajo a tiempo parcial. El incremento del desempleo afecta también mucho más a las personas con niveles educativos inferiores y –por supuesto– a los emigrantes, que casi triplican los niveles de pobreza del total de la población.

Los ertes, a pesar de no cubrir el total de las retribuciones de los trabajadores afectados, de los problemas en su actualización y de los problemas de planificación provocados a las empresas por su constante improvisación, han sido vitales para evitar un mayor destrozo social: el informe de Oxfam calcula en 710.000 las personas que han logrado salvarse de caer en pobreza extrema por la aplicación de la más importante y efectiva de las políticas públicas desarrolladas para hacer frente a la crisis, aunque no han servido para proteger a casi 300.000 personas con trabajos irregulares o en economía sumergida. Muchas de ellas lo han perdido todo por los cierres. Otras medidas, como la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, han funcionado mal. El propio Gobierno de la nación ha reconocido que la más publicitada de sus apuestas en materia social –el Ingreso Mínimo Vital– sólo ha logrado llegar a la quinta parte de los 850.000 hogares previstos, alrededor de 160.000. A pesar de los recursos destinados por el Gobierno a su puesta en marcha y tramitación, la medida sólo ha conseguido una muy pequeña parte de la cobertura anunciada.

El informe de Oxfam es desolador: desmonta la idea de que nadie va a quedar atrás. Cinco millones de españoles –uno de cada diez– pueden demostrar que la propaganda no acaba con la pobreza.