Canarias: ¿hacia dónde dirigirnos?

Sí. La cuestión es qué vías tomaremos para salir del estancamiento recesivo en el que estamos metidos. La pregunta es pertinente, porque, por un lado, nuestra región canaria es la que mayor embate ha sufrido, por su histórica e intensa dependencia del turismo; y, por otro, se espera una cantidad considerable de financiación pública para encauzar la salida de esta nueva recesión económica. Para no desaprovechar estos fondos, e invertirlos de forma productiva, los dirigentes políticos, empresariales, sindicales, y los sociales y profesionales, tendrán que centrarse en tres tipos de acciones: una primera de tipo racional: pensar, analizar, interpretar, la situación y el estado de la cosa; la segunda de tipo estratégico: lo que nos conviene a medio y largo plazo, lo que nos viene lastrando y hay que deshacerse de ello, los recursos que hemos logrado consolidar, a partir de los cuales crearemos unos nuevos para hacernos fuertes. La tercera acción es el consenso, porque de nada sirve que cada cual haga lo que le parezca, sin un plan orquestado, y en el que todos, o la mayoría, cooperemos: administraciones públicas, empresas, sindicatos, organizaciones sociales, profesionales y culturales; vecinos, grupos, familias, y personas. Todos estamos involucrados.

Y estamos seguros que el mundo que viene no va a ser tan similar al anterior; tampoco tan distinto. Pero lo suficiente como para aprovechar el cambio, y así dar el salto necesario a un escenario que debimos construir hace muchos años. Los déficits estructurales apremiantes conciernen a: el entorno productivo-empresarial; el entorno administrativo-servicios públicos; el entorno educativo-universitario; y el entorno social.

Partimos de que el deterioro socioeconómico de Canarias tendrá su manifestación máxima en los próximos 6 meses. Hasta ahora, en los primeros 11 meses del endemoniado año 2020, se han perdido 3.633 empresas (el 6% de las habidas en 2019). En su gran mayoría se trata de microempresas de menos de 10 asalariados, pero eso sí, de todos los sectores productivos, excepto de la construcción, que sigue sacando pecho. Si entre 2014 y 2019, periodo de recuperación de la economía española y canaria, se crearon 5.032 empresas, estos primeros meses de pandemia han acabado con gran parte de esa cantidad.

Que las empresas de la construcción mantengan el tipo es una buena señal, porque tienen efecto multiplicador sobre otras empresas y profesionales. Donde ha habido una fuerte caída es en el pequeño comercio, en hostelería (y restauración), y en el transporte terrestre (rent a car, taxi…), desapareciendo alrededor de 2.000 empresas de este subconjunto en el corto tiempo de la pandemia. Como consecuencia de ello, 31.100 trabajadores de Canarias dejaron de cotizar, y pasaron al paro. De manera que en este momento disponemos de unos 270.000 desempleados (tasa de 25%). Lo peor es que 48.000 de estos parados tienen menos de 30 años. Son demasiados jóvenes buscando un empleo que no encuentran. Un capital humano desaprovechado, que corre el riesgo de sufrir el vacío de la frustración, y más preocupante, la falta de responsabilidad. Aunque suene raro, las personas se realizan y desarrollan, se comprometen y responsabilizan, con la actividad laboral. De seres pasivos y desencantados, sin proyectos de vida, no esperemos compromisos básicos: confianza, cooperación, independencia, familia, educación, civismo, salud, etcétera. Por tanto, el impulso del empleo juvenil es apremiante, y debe hacerse con todos los instrumentos disponibles: programas y proyectos de financiación pública; aplicación de cláusulas sociales favorecedoras del empleo juvenil en la contratación pública; bonificación y deducciones fiscales a las empresas, etcétera.

El segundo déficit crónico que azota el entorno productivo es la transformación digital. Particularmente, muchas PYMES han quedado fuera del circuito tecnológico, sin Internet, sin páginas web propias, sin gestión ofimática, sin capacidad comercial electrónica, de tal forma que las grandes empresas más digitalizadas, y no residentes en nuestra comunidad, acabarán por restar más y más volumen de negocio a nuestras pequeñas empresas. Las ayudas públicas en esta área deberán centrarse en enseñar competencias digitales, básicas y avanzadas, no solo a los empleados, sino a los propietarios y gerentes, que son los que lideran la organización productiva, y la estrategia del negocio.

El tercer lastre que no logramos despejar es la tendencia a la concentración de la actividad productiva, o lo que es lo mismo, la escasa diversificación económica de la región. El turismo ha sido y será un maná caído del cielo, que, si bien ha permitido un crecimiento pujante del PIB durante medio siglo, sin embargo, ha tenido el defecto de desincentivar otras actividades multiplicadoras, que ahora se hacen necesarias poner en marcha. Por eso, hay que tomarse en serio de una vez, el impulso de sectores estratégicos como la industria del conocimiento universitario, que propulse la actividad de las universidades canarias hacia el exterior, que atraiga talento y usuarios-clientes, que sea capaz de explotar todo el capital humano que hemos acumulado. Lo mismo puede decirse del sector privado informático-telecomunicaciones, todavía infrarrepresentado en nuestra estructura productiva, y que tiene una fuerte potencialidad de expansión, y efecto multiplicador.

Por último, corremos el riesgo de desperdiciar la oportunidad que nos brinda la financiación pública vinculada al COVID-19, si no se tensiona la gestión administrativa para limpiarla de burócratas paralizantes. No se equivoquen, la agilidad, simplificación, y eficiencia de los trámites depende de la actitud y voluntad de las personas que trabajan en el sector público. Tenemos las leyes precisas para reducir las cargas administrativas, y acelerar los procedimientos vía electrónica. Lo que falta es motivación y compromiso de buena parte de los empleados públicos, en su papel crucial de facilitadores de los recursos a los ciudadanos y a las entidades privadas, precisamente, los contribuyentes a través de los impuestos. Si hay resistencia al cambio de la forma de tramitar por parte de burócratas impenitentes, es urgente transmitirles el principio de que el cliente siempre tiene la razón.