El contramaestre de la acorazada amarilla, Antonio Morales, se agarró una perreta tremenda cuando se iba a construir la central de gas en Tenerife. No solo se negó a que se hiciera una en su isla, sino que se opuso con las uñas, los dientes y el escapulario a que se invirtiera un duro en la de aquí. Según él, porque eso lo iban a pagar todos los canarios en la factura de la luz (o sea, una solemne bobería, porque el gas es más barato que el fuel). Pues bien, hace unos días la diputada nacionalista Ana Oramas trasladó al Gobierno central unas preguntas sobre la central grancanaria de Chira-Soria, algo que le había solicitado un grupo ecologista. Y Morales ha saltado como si le hubieran pisado los juanetes. Ha respondido colérico que Oramas es una insularista recalcitrante que se quiere cargar los más de 400 millones de inversión en Gran Canaria y que a ver por qué las dudas no se las preguntan a él, o sea, al Cabildo, en vez de estar jeringando en Madrid. Una de dos, o la perreta es consecuencia de ese gigantesco ombligo político que es en sí mismo Morales o hay algo en el proyecto de Chira-Soria que le preocupa. Tanto cabreo por tan poca cosa huele a chamusquina. Lo que sí que tiene uno que aplaudir, porque es de justicia, es que Morales ha conseguido que las grandes inversiones en su isla no se las toque ni dios. Así que tal vez no sea tan exagerado que tenga la piel de cebolla con las preguntitas de marras. Que se empieza así y luego se lía.
Cualquier país tiene capacidad de acogida para nueva población, incluso en periodos como el actual, en los que enfrentamos una poderosa crisis económica que ha conducido al paro a una buena parte de la mano de obra. Pero las compulsiones migratorias de África plantean una enorme serie de inconvenientes. Muchos ciudadanos europeos miran con rechazo y sospecha a los hijos pobres del continente negro. Por sus culturas distintas, por su religión, por su color, por simple aporofobia. No les ven como savia nueva para la Europa del futuro, sino como una amenaza para la de hoy.
La postura del Gobierno de España con la emigración en Canarias ha sido muy clara desde el minuto uno: el problema nos lo vamos a comer nosotros. No existe la menor intención de distribuir solidariamente el contingente de migrantes que se va acumulando como consecuencia de las arribadas ilegales. La “solución” será la construcción de grandes campos de internamiento. Existe alguien lo suficientemente incapaz como para no pensar que haciéndolo así surgirán problemas de convivencia.
El Gobierno de Canarias, agobiado por la crisis, está pidiendo respuestas a Europa. Como en el parchís, se salta la ficha de Madrid, para evitarse aceptar las vergüenzas de sus compañeros de partido. Bruselas está muy lejos y aguanta lo que le echen. Pero el problema no es del todo, sino de las partes. Cuando recibimos con abrazos a los refugiados sirios del Aquarius no lo hicimos porque lo impusiera la UE. Lo mismo que ahora, que les encierran en estas islas.
La emigración se ha convertido en un negocio circular eficiente. Los países nos mandan oleadas de personas que son luego extraditadas, previo pago a esos países de una pasta gansa para aceptarles. La Unión Europea paga miles de euros para procesar y devolver a los ilegales que han violado las fronteras. Y los países “frontera” de la UE cobran por ello. Ganan las mafias que garantizan la siniestra conectividad en el desierto y el mar. Y los fabricantes de cayucos y pateras. Y los que venden motores fuera borda y el combustible. En fin, todo un ecosistema.
La administración central está fallando en las islas como una escopeta de feria. La ha pifiado en su atención a los autónomos, los ertes, las pensiones o las ayudas sociales. Pero ahora se mete en un charco mayor. No tiene capacidad de respuesta para procesar a todos los inmigrantes que se les están acumulando. Hay más de mil quinientas personas esperando las pruebas para determinar si son menores de edad o han mentido. Hay gente que no se sabe de qué país vienen. Y el tiempo en que se les puede tener retenidos sin vulnerar sus derechos, como se sabe, es limitado.
El bloqueo en los puertos y aeropuertos impide que los inmigrantes puedan salir de Canarias. Incluso con identificación. No les dejan hacerlo. Quieren tenerlos embolsados aquí. Están construyendo campos de internamiento para retener a personas que no quieren estar en las islas. Una bomba de tiempo que terminará estallando. Y alguien, ese día, intentará lavarse las manos.
