No quiero dejar pasar la oportunidad de contárselo, por si no lo sabe. Le ayudará a conocer cómo son algunos ciudadanos de este gran país llamado España.
Hace unos días cayó sobre Madrid y media España una tormenta llamada Filomena. En la capital del país fue la mayor nevada de la que se tiene registro. Y como es natural, se colapsaron todos los servicios públicos. Hay aeropuertos del mundo que tienen calefactores en las pistas y un ejército de máquinas quitanieves, pero aquí lo de la gran nevada nos ha cogido con los pantalones por los tobillos. Tanto hablar del calentamiento global les ha reblandecido la sesera a algunos.
Tras las primeras horas de desastre total, la sociedad empezó a reaccionar. Comenzaron a despejar vías y a rescatar a conductores que se habían quedado atascados en sus coches: alguno de ellos durante muchas horas. Soldados de la UME, guardias civiles, policías, bomberos... Todos los efectivos disponibles se pusieron a trabajar para ayudar a superar unas horas difíciles en el comienzo de un año que nos prometíamos felices, pero que ha empezado enfriándonos los ánimos con una manta de nieve y hielo. Dos mil fracturas llevan atendidas en la fiesta de la escayola de los hospitales madrileños.
En todo este batiburrillo, surgió un acto de valor y solidaridad: voluntarios propietarios de vehículos 4x4 con ruedas de invierno o cadenas se ofrecieron para llevar a miembros de ONG, personal sanitario o cualquier otro tipo de personas que acudían al auxilio de personas mayores incomunicadas que necesitaban medicamentos, comida o algún tipo de atención. Un hermoso gesto y una maravillosa iniciativa de ciudadanos que hacían algo por altruismo.
Pues bien, estas personas han tenido que dejar de ayudar a la gente porque taxistas y conductores de vehículos de alquiler les hostigaba, les insultaban y les tiraban botellas y otros objetos que causaron daños en algunos de esos vehículos particulares. A alguno de ellos le llegaron a romper los cristales.
Hace ya muchos años que me subo incómodo en los taxis cuando voy a Madrid. Porque huelen, en general, como si se les hubiera muerto un perro debajo del cochambroso asiento trasero. Porque son agresivos, conduciendo y hablando. Porque no me interesan sus ideas políticas de cómo está el país. Porque no respetan el silencio del viajero. Y porque su comportamiento ante la competencia me recuerda a los sindicatos mafiosos americanos. Pero a pesar de todo eso, les seguía salvando, con la excusa de que no todos son iguales y porque de vez en cuanto te encontrabas un vehículo decente, un conductor educado y un servicio correcto.
Hoy se me han quitado todas las dudas. Nunca más. Una profesión que tolera a un imbécil que es capaz de agredir, de palabra o de obra, a un ciudadano que está ayudando a los demás, no merece ni un euro. Me da igual que sea una minoría en la profesión. Ya está bien de excusas. Que busquen ellos mismos a esos golfos, que los encuentren y que los expulsen del gremio. Mientras tanto, que les den.
Existe una pugna soterrada e insólita entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y Visocán por ver quién de los dos organismos pone antes en marcha un plan de vivienda pública que podría crear muchos empleos –sobre cuarenta mil– en el sector de la construcción. Hay dieciocho mil personas en Canarias que están esperando una vivienda accesible en una comunidad que ha desatendido clamorosamente esa tarea en el pasado reciente. Sebastián Franquis, el consejero de Obras Públicas, quiere ponerse la medalla de esas nuevas viviendas. Pero Visocan, que depende de Casimiro Curbelo, va a toda máquina con su plan. Y entonces surgen los recelos y las envidias y las putaditas finas. Las peleas por el protagonismo político se compadecen poco con la urgencia de la gente por tener disponible un techo a precios sociales. Deberían empujar para que las dos líneas de actuación funcionen porque cuantas más viviendas se terminen, mejor. Pero los celos políticos son perversos. Y hay otra circunstancia que lo complica todo. El ICAVI no termina de funcionar como debiera. El Gobierno canario le ha inyectado 35 millones para que, a su vez, se los devuelva al Gobierno, por subvenciones a la ayuda al pago de alquileres que no se han justificado. Una especie de trile presupuestario que suena a chufla. Están tan agobiados que han firmado un convenio con las Cámaras de Comercio para “mejorar el servicio” y agilizar, con más personal y medios técnicos, la tramitación de las ayudas ordinarias al alquiler que se conceden con carácter bianual a las familias más vulnerables de las islas. Un convenio que está en el ojo de una polémica, porque más parece un contrato encubierto de prestación de servicios sin concurso público. O sea, más lío. Y así van, sin faldas, pero a lo loco.
