Román Rodríguez repitió en 2019 en Fuerteventura su tradicional política de acuerdos preelectorales con partidos o agrupaciones locales, y consiguió cerrar candidaturas con escindidos de Coalición Canaria y con grupos municipales como el de Betancuria. Los resultados de esa política de acuerdos siempre le han permitido a Román presentar mejores resultados que si fuera en solitario, pero suelen generarle alianzas endebles. Ahora, año y medio después de las elecciones municipales, a Román le ha salido un grano muy incómodo, incluso peligroso, fruto de uno de esos acuerdos.
Ese grano se llama Sandra Domínguez, es presidenta de un grupo de nacionalistas majoreros surgido a finales de la pasada legislatura, que agrupa a políticos locales, algunos enfrentados con Mario Cabrera, y otros que se escindieron tras alguna de las múltiples quiebras de Asamblea Majorera en el pasado. Sandra Domínguez y su gente de las Asambleas Municipales de Fuerteventura cerraron un acuerdo con Nueva Canarias para apoyarse mutuamente en las elecciones regionales y locales, y gracias a ese acuerdo Sandra encabezó la candidatura conjunta de Nueva Canarias y su partido, y ocupa hoy uno de los cinco escaños del grupo de Román en el Parlamento regional. Curiosamente, después de un año y medio de exquisita disciplina, en las últimas semanas Sandra se ha manifestado muy crítica con alguna propuesta de la mayoría a la que pertenece.
El día 26 de diciembre, Sandra se reunió con los dirigentes regionales del PP y Coalición –María Australia Navarro y Fernando Clavijo– y con los jefes locales de ambos partidos en Fuerteventura –Fernando Enseñat y Mario Cabrera– y firmaron un acuerdo para presentar una moción de censura contra el socialista Blas Acosta, presidente del Cabildo majorero, tras una moción de censura que desbancó a la ganadora de las elecciones, la nacionalista Lola García. La censura contra Acosta supone ya de por sí un enorme roto en la política de pactos forjada entre el PSOE, Nueva Canarias y Podemos, para desalojar a Coalición Canaria de las principales corporaciones insulares, pero es que además –de prosperar– provocará un efecto dominó que implicara cambios –algunos incluso de mayoría– en Puerto del Rosario, Pájara y Tuineje. Para que la censura insular salga, resultaba necesario –como primer paso– una pactada dimisión del alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, que permitiría que Sandra pase a convertirse en consejera del Cabildo majorero. Sandra se convertiría en una de las vicepresidentas de la corporación, que pasaría a presidir Sergio Lloret, de su mismo partido, pero para que eso ocurra tendría que dimitir el cabeza de la lista, Alejandro Moreno, un hombre de Román Rodríguez, actual vicepresidente del Cabildo con Acosta, que encabezó la candidatura, y tiene por tanto prioridad legal para ser votado presidente. Moreno ya ha dejado claro que no va a dimitir. Parece dispuesto a asumir la presidencia en sustitución de Acosta, pero no a retirarse. Lo que ocurre es que si no se retira, Sandra Domínguez amaga con romper con Nueva Canarias y abandonar la mayoría que sostiene al Gobierno regional. Eso no implica que pueda prosperar una censura contra Ángel Víctor Torres, pero dejaría la continuidad del Gobierno básicamente en manos de un cada vez más reforzado Casimiro Curbelo. Ya se intoxica con su nombre como posible sustituto de Torres. ¿Absurdo? Sí. Pero en Canarias, la política se lleva tan al filo de lo imposible, que al final casi cualquier absurdo puede llegar a ocurrir.
