El empeoramiento de la situación epidemiológica de Canarias en las últimas semanas ha obligado al Ejecutivo regional a decretar nuevas medidas para tratar de frenar la propagación del coronavirus y garantizar en lo posible la seguridad sanitaria de la población, evitar contagios e impedir la saturación de centros hospitalarios y, sobre todo, la pérdida de vidas humanas. Pero, por desgracia, esas medidas tienen efectos secundarios de tipo económico que los poderes públicos deben afrontar también como un elemento más de la gestión de esta pandemia que nos asola y sobre el que no siempre se pone la atención debida.

Las nuevas medidas acordadas, que son necesarias y, en general, razonables, inciden en el horizonte de incertidumbre en el que se mueve desde hace casi un año el conjunto de la economía canaria. Al brutal golpe que ha supuesto para todo el sector turístico el parón en la llegada de visitantes extranjeros, se suma ahora el efecto de las nuevas restricciones, con especial repercusión en la hostelería y la restauración. Si el conjunto de empresas, autónomos y trabajadores de estos sectores se encuentra ya en un momento crítico en todo el Archipiélago como consecuencia de la falta de turistas, las nuevas medidas van a tener una incidencia especial en la isla de Tenerife, donde las restricciones horarias y de movilidad para los ciudadanos, y de condiciones de apertura para los establecimientos, son mucho más duras por su peor evolución epidemiológica.

Con el nuevo contexto normativo, por muy temporal que pretenda ser, se truncan las expectativas que los bares, cafeterías y restaurantes habían depositado en las fechas navideñas para recuperar parte de las pérdidas que han sufrido durante el resto de este tiempo de pandemia, y con ello se sitúan al borde de la desaparición o de la ruina miles de negocios, la mayoría de ellos de pequeño formato, afectando a un importante número de empleos directos e indirectos. Las asociaciones empresariales del sector han lanzado ya la voz de alarma y reclaman ayudas y medidas de apoyo que eviten el despido masivo de trabajadores o el cierre de locales de ocio, bares, restaurantes, discotecas o comercios asociados ante la imposibilidad de aguantar este nuevo golpe, que puede ser definitivo para muchos de estos establecimientos.

Se trata de pequeños negocios que no disponen de las posibilidades de financiación a medio o largo plazo que tienen las empresas de mayor tamaño también en estos sectores, y que requieren de medidas urgentes y muy pegadas a la realidad del momento. Muchas de las restricciones horarias o de capacidad impuestas ahora afectan de manera muy especial a esos establecimientos de pequeño tamaño que se ven forzados a cerrar ante la imposibilidad de cubrir los gastos que conlleva una mínima actividad, o, en el caso de bares y restaurantes, por no disponer de terraza o espacios abiertos, únicos en los que ahora está permitido el servicio por ejemplo en el caso de Tenerife.

El Gobierno central tiene anunciado un plan estatal de ayuda sobre cuya aprobación definitiva se viene especulando desde hace semanas pero que no se acaba de concretar y cuya aprobación en el Consejo de Ministros, ciertamente, podría producirse el próximo martes. Independientemente de las dudas técnicas y operativas que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez para dar luz verde a ese plan, la situación de emergencia que vive el sector de la hostelería y la restauración en las Islas obliga al propio Gobierno de Canarias a poner sobre la mesa una propuesta propia que, además, debe ser urgente porque la situación así lo exige.

Un plan regional en el que se involucren también el resto de administraciones en los niveles que competa a cada una de ellas, en especial las municipales, para que este sector acceda a ayudas, créditos, reducción o exención de impuestos y facilidades administrativas para cualquier trámite que requiera el mantenimiento de la actividad. Ya existen en algunos municipios y se están extendiendo por la mayoría de Comunidades Autónomas. Canarias no puede quedarse atrás. Tiene que ser por tanto un plan transversal que implique a todos y que vaya en la línea de lo reclamado por las asociaciones del sector, compatible en todo caso para aquellos locales que puedan permanecer abiertos en estos días, con el escrupuloso cumplimiento de las medidas de seguridad que se han establecido para garantizar el control de la pandemia.

Es cierto, como dicen los hosteleros, que la mayoría de ellos lo han hecho desde que se establecieron las primeras normas de limpieza e higiene, acotación de espacios, distanciamiento de mesas, limitación de aforos, horarios y demás medidas de precaución, pero lo es también que los clientes y usuarios no deben relajar ni un ápice esa precaución en su propio ámbito de responsabilidad. Hasta que no haya vacunación masiva e inmunización de grupo, todos debemos seguir comportándonos como si tuviéramos el virus, o como si nuestros acompañantes, cualquiera que sea su número, estuvieran contagiados.

Las ayudas al sector Horeca (hostelería, restauración y cafeterías) en España está siendo objeto de un amplio debate y discusión técnica que está retrasando al plan estatal más allá de lo razonable, con riesgo de que cuando se ponga en marcha sea demasiado tarde para muchos negocios. Sánchez anunció el plan a principios de noviembre, pero las dudas sobre algunas cuestiones técnicas paralizan al Gobierno y, en concreto, a los ministerios de Hacienda, y de Industria, Comercio y Turismo. Pero los ejemplos de Alemania, Francia o Italia, donde se están aplicando ayudas desde hace varios meses, están ahí para que podamos seguirlos. Esas dudas se centran en si contemplar ayudas directas, o medidas fiscales, en las cotizaciones a la Seguridad Social o fórmulas para cubrir los alquileres. El problema estriba en que las ayudas directas, que son las que las asociaciones del sector reclaman como las verdaderamente efectivas para la pervivencia de los pequeños negocios, pueden acarrear problemas con Bruselas, que condiciona la concesión a que los negocios puedan seguir funcionando. De no ser así, las empresas que no reanuden la actividad tendrían que devolverlas y eso generará un problema para muchos autónomos y empresarios que, además de perder su negocio, habrían contraído una deuda. Por eso, desde el sector, en especial desde los autónomos que representan a los hosteleros más pequeños, se plantea la alternativa de que las ayudas no se realicen a las empresas, sino a título individual, como en el caso de los trabajadores en ERTE, lo que evitaría esa devolución.

El Gobierno central tiene intención de coordinar estas medidas con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero el Gobierno de Canarias debe abrir ya su propia agenda al respecto y plantear medidas concretas porque el futuro de uno de los sectores más capilares de la industria turística y de servicios en el Archipiélago depende de ello y el tiempo del que se dispone, muy escaso. Es, quizá, la única, la última, oportunidad que se abre en medio de esta pandemia para una actividad y unos negocios que conforman no solo un medio de subsistencia para muchas personas en Canarias, sino una cultura social y una forma y estilo de vida que no podemos dejar que se extinga.