El gran problema de la justicia en España no son los jueces, ni la falta de medios, ni los enormes retrasos. La aluminosis de la justicia en este país es que no parece igual para todos.
Las leyes parecen estar hechas unas veces de plomo y otras de plumas. Hay gente que ha sisado millones al erario público y ha terminado devolviéndolo, con multas y recargos, saldando su deuda con la sociedad sin perder ni un pelo del bigote. Pero para sorpresa de propios y extraños, en casos de menor enjundia, el rigor judicial es extremo.
Hay famosos banqueros que han arreglado, con pasta, importantes evasiones fiscales. Y partidos políticos. Y aquí paz y en cielo gloria. Pero no crean que es un hecho peculiar. Por esos mostradores han pasado también famosos futbolistas que terminaron apoquinando impuestos y multas por ingresos que no habían declarado. Tres titulares, dos fotos en los juzgados... y otra vez a dar patadas.
Los que hoy se llevan las manos a la cabeza por el dinero que Juan Carlos I pagará para regularizar su situación fiscal olvidan que por ese camino a Belén, porronponpón, han pasado otros tamborileros. Entre ellos, por cierto, Juan Carlos Monedero, el líder de Podemos, que dio la cara por su partido regularizando de urgencia una pasta caribeña.
Lo que ocurre es que Juan Carlos I fue el primer ciudadano de este país. Y estaba obligado por ciertos deberes morales de mayor intensidad que los del resto de los españoles corrientes y tributantes. A nivel judicial, el rey emérito va camino de quedar limpito. Los supuestos delitos fiscales que se le puedan atribuir antes de su abdicación no tienen recorrido, porque el Jefe del Estado es inmune al coronavirus penal. Del gasto de unas tarjetas, sobre un dinero “donado”, alguien del Gobierno, de la justicia o de la fiscalía, le avisó oportunamente de que estaba siendo investigado por blanqueo de capitales. Y gracias a ese soplo ha regularizado velozmente, antes de que la causa penal se abriese. Con lo que se ha quitado un grave problema de encima ahorrando un espectáculo a la Monarquía y a este país de Rinconetes y Cortadillos. Todo lo demás es un extraño mejunje que ha desmoronado su imagen crepuscular, pero la sangre difícilmente llegará al río judicial.
La izquierda verdadera —la de Monedero— referente moral republicano donde los haya, está aprovechando ese escandaloso apaño que se ha venido practicando con el emérito para atacar a la Monarquía. Pero el problema son los gusanos, no las manzanas. Si los inquilinos transmiten sus miserias a las instituciones, lo primero que tendríamos que erradicar en España son los partidos políticos. Para seguir después con los ayuntamientos, los sindicatos, las patronales, las empresas públicas y toda institución donde alguna vez alguien haya metido la mano, además de la pata.
En su extraño exilio social, Juan Carlos I es el hijo de un tiempo pasado donde funcionaba el principio de “ancha es Castilla”. Cuando el anciano emérito fallezca y pasado un cierto tiempo, la historia pondrá más luz en los servicios que hizo a la democracia y a este país que en sus borbónicos excesos. Pero hoy se ha convertido, por méritos propios, en la munición política de quienes aprovechan las grietas del Estado para meter la cuña .
El pasado no debe impedir que hagamos el peor juicio sobre la ética de Juan Carlos I y su enorme torpeza reciente. Pero aún peor es que el presente colabore a que nos descreyamos un poco más de los cambiantes vientos del rigor de la justicia.
Hace unos días, a dos ex gestores de Infecar, en Las Palmas, les han condenado a un año de prisión por pagar indebidamente 3.500 euros de una comida. Plomo y plumas, ya les digo.
El recorte
Una medida inoportuna
Comerse una mariscada es algo normal, para el que le guste, si puede pagarla. Pero igual es escandaloso y hasta inmoral que te la vayas a comer delante de una cola de gente que está esperando en un comedor social. La oportunidad de algunas cosas depende del momento y del sitio. El Gobierno de Canarias pagará esta semana cinco millones de euros en ayudas sociales dedicadas a los más de setenta mil empleados públicos de la administración autonómica. Cien euros mensuales para guarderías, seiscientos euros por una dentadura, cuatrocientos por unas gafas progresivas, setecientos cincuenta por unos audífonos, quinientos euros en ayuda a la comida de celíacos, hasta tres mil euros por asistencia domiciliaria y hasta cuatro mil para residencias de mayores.... Y así un largo listado. No digo que en una etapa de normalidad económica estas ayudas no sean pertinentes. Pero ¿a nadie se le ha ocurrido que con la que está cayendo es impresentable? Los empleados públicos tienen un sueldo seguro y un trabajo estable, mientras el sector privado está devastado por ERTEs, bajadas de sueldos y despidos. A los empleados públicos se les ha subido el salario el año pasado. Y este año. Y se les subirá el que viene. En el sector privado se han recortado los salarios hasta el 50%. Es escandaloso que estas ayudas se hayan tramitado con celeridad y diligencia y que sin embargo las otras ayudas sociales a las familias más necesitadas y vulnerables estén atascadas en trámites que no se resuelven y sin poderse conceder. Este año hubiera sido mejor que esos cinco millones se destinaran a la lucha contra una pobreza que nos está comiendo por las patas. Pero ni siquiera se les ha ocurrido. Lo de nuestras administraciones públicas de verdad que es para mear y no echar gota.
