El conjunto de incentivos fiscales más importante para Canarias se conoce como el Régimen Económico y Fiscal (REF). Este permite equiparar los sobrecostes asumidos por los canarios al ser considerados como región ultraperiférica de la Unión Europea. Su misión es incentivar la creación de empleo de calidad y fomentar la inversión en nuestro territorio.

Los principales incentivos recogidos dentro de este REF son, la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC), la bonificación por producción de bienes corporales en Canarias y la Zona Especial Canaria (ZEC). Todos llevan aparejados temporalidad y mantenimiento, además de tener que cumplir con determinados requisitos para poder aplicarlos. En concreto, y haciendo un resumen muy general, la RIC permite una reducción de la base imponible de hasta el 90 por ciento con el compromiso de inversión futura; la DIC consiste en la aplicación del tipo de deducción del 25 por ciento del importe de las inversiones realizadas; la bonificación por producción de bienes corporales puede aplicarse reduciendo hasta un cincuenta por ciento de la cuota íntegra y la ZEC permite tributar a un tipo de gravamen reducido de un 4 por ciento en el impuesto sobre sociedades, siempre y cuando se realice una inversión inicial, unida a creación y mantenimiento de empleo.

Las ventajas que estos incentivos aportan a las empresas establecidas en Canarias son cuantiosas y necesarias para fomentar, dinamizar y explotar la realización de actividades económicas en nuestro territorio. En este contexto, tras casi nueve meses desde la declaración del primer estado de alarma por parte del Gobierno de España, aún no se han tomado las medidas legales necesarias para adaptar los aspectos fiscales del REF a las excepcionales circunstancias derivadas de la crisis generada por el Covid-19.

Ante esta situación, numerosos colectivos de profesionales unidos por el bien de Canarias y su economía, han realizado un manifiesto conjunto buscando la flexibilización, aclaración y que se adapte el marco normativo de los aspectos tributarios del REF a la mayor brevedad. Los firmantes son, el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife que tengo el honor de presidir, la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias, la Cátedra del REF de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, el Área de Fiscalidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Escoex) de la Universidad del Atlántico Medio, el Colegio de Economistas de las Palmas, el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio de Abogados de Las Palmas. Aprovecho estas líneas para invitar a otros colectivos o instituciones a adherirse al mismo con el ánimo de contribuir a la indispensable reactivación económica de Canarias.

No cabe duda de que las inversiones empresariales previstas para este 2020 se han visto mermadas por la situación derivada del coronavirus, puesto que las empresas han vivido en estos nueve meses, entre otras cuestiones, la suspensión de la actividad económica, ertes, cierres temporales y limitaciones de apertura, realizando un sacrificio sobrehumano para abrir sus negocios con estas restricciones, manteniendo empleos o incluso pagando los gastos derivados de su actividad sin poder si quiera llegar a cubrirlos o incluso poder abrir al público.

La afectación llega a sectores tan importantes para Canarias como el turismo, a lo que se suma la restauración y las actividades culturales y de ocio tanto diurno como nocturno. Del mismo modo, los trámites administrativos con las respectivas Administraciones han sufrido retrasos por la falta de presencialidad, además de las dificultades para obtener financiación bancaria.

Por todo lo anterior, es vital que el REF se ponga al servicio de la reconstrucción social y económica de las islas para superar las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Nuestro principal incentivo y estandarte debe seguir siendo utilizado. Esta crisis precisa seguridad jurídica y que la normativa vigente sea lo suficientemente clara y flexible para que los incentivos desplieguen sus beneficiosos efectos económicos en Canarias, adaptándose a la coyuntura actual para poder contribuir de forma eficaz a frenar la pérdida de puestos de trabajo en el Archipiélago.

Para ello, el primer objetivo es flexibilizar temporalmente algunos requisitos, especialmente los relativos al mantenimiento y materialización de inversiones e incentivar la generación y mantenimiento del empleo, la liquidez empresarial y la inversión privada. Igualmente, se hace necesario solicitar la elevación de los límites de ayuda de Estado regionales al funcionamiento, activar mecanismos que permitan recuperar e incentivar la inversión privada a la mayor brevedad y fomentar la movilización de recursos que tienen dotados las empresas en diferentes instrumentos fiscales, mayoritariamente en la RIC.

Esta flexibilización de incentivos ya se ha facilitado en los regímenes forales de Navarra y País Vasco por parte del Gobierno de la nación, siendo regiones mucho más ricas económicamente que nuestro fuero, que tiene actualmente un descenso del PIB de más de un 24 por ciento y un incremento del desempleo del 30 por ciento. Por todo ello Canarias no puede ser diferente.

En estas tres semanas, y dependiendo de las medidas que puedan adoptarse desde el Ejecutivo central, no cabe duda de que Canarias se juega el futuro de sus ciudadanos, empresarios y empresas. Pedimos una “vacuna” económica y fiscal para salvar a Canarias.