Cuando las Cajas de Ahorros, carcomidas por los créditos al ladrillo, se hundieron, en la crisis de 2008, el Gobierno de España echó mano de la cartera de todos los ciudadanos y les inyectó casi cien mil millones –en parte prestados por la UE– para tapar el inmenso agujero que había generado la “brillante” gestión hecha en las Cajas por políticos, patronales y sindicatos. Cuando la minería o la siderurgia entraron en colapso en nuestro país, se gastaron miles de millones en ayudas a la reconversión de estos sectores que daban vida a varias regiones españolas. Y cuando un terremoto devastó la ciudad de Lorca, se aplicaron 1.200 millones a la reconstrucción. Una de las obligaciones de los gobiernos, en caso de catástrofes naturales o de crisis sobrevenidas, es aprobar instrumentos financieros extraordinarios para ayudar a la recuperación de las zonas y los ciudadanos afectados. El Gobierno de España, por ejemplo, ha anunciado el rescate del sector del automóvil en nuestro país, que genera miles de puestos de trabajo, para lo que se invertirán más de diez mil millones en tres años. Y hará lo mismo con empresas estratégicas como Air Europa, donde inyectará casi quinientos. Resulta incomprensible que a estas alturas aún no se haya considerado a Canarias como zona catastrófica. No existe ningún plan financiero extraordinario para ayudar al turismo que lleva casi un año tieso como una mojama. Las pymes y autónomos siguen pagando impuestos como si no pasara nada. Aún no sabemos si los ERTE se van a prorrogar y qué actividades se podrán acoger a ellos. Y los datos del paro, de la pobreza y de la demanda de ayudas sociales se disparan. De poco sirve que nos salven la vida si al final nos va a matar el hambre. ¿Cuándo van a descubrir, aquí y en Madrid, que necesitamos un plan de rescate?
