Las administraciones públicas responden muy mal a situaciones de estrés. Durante meses, ponerse en contacto con el Servicio de Empleo o la Seguridad Social fue un imposible para miles de ciudadanos que querían información sobre un ERTE, una pensión o un trámite urgente. Los números de teléfono –alguno de ellos de pago– no respondían o las llamadas se cortaban después de escuchar una cinta grabada que prometía la presencia de una persona al otro lado del teléfono: una promesa que siempre se incumplía.

Con la analítica para los canarios en el exterior ha ocurrido exactamente lo mismo. El Gobierno de Canarias estableció un sistema perfecto para que se realizaran las pruebas de antígenos o PCR necesarias para venir a las islas. Perfecto, pero solamente en la nebulosa de la teoría. Los desesperados canarios residentes en la Península intentaron contactar con laboratorios en los que nadie les hacía maldito caso o donde les contestaban que no querían saber nada de hacer pruebas a la gente de las islas, porque vete a saber tú cuándo les iban a pagar. O sea, un desastre. Y si intentaban informarse llamando a los teléfonos que se ofrecieron por el propio Gobierno, lo único que conseguían era escuchar una monótona grabación y que se cortara la llamada. O sea, más de lo mismo. ¿A nadie se le ocurrió que tal vez la mejor opción fuera colocar unas instalaciones provisionales en los aeropuertos donde los residentes canarios pudieran hacerse una prueba de antígenos a su llegada? Habría sido una manera de facilitar las cosas a los ciudadanos.

El conjunto de decisiones que han tomado las administraciones públicas en esta pandemia ha demostrado enormes deficiencias. Se equivocaron de cabo a rabo con las mascarillas. Metieron la pata con la compra de equipos de protección. Se les olvidó proteger las residencias de mayores. Manejaron cifras de contagiados y fallecidos que terminaron por ser confusas e increíbles. Y cuando las personas querían información sobre los asuntos que les afectaban, se mostraron incapaces de ofrecerla.

El cerrojazo que ha metido el Gobierno de Canarias a la isla de Tenerife tiene luces, pero también muchas sombras. Desde el punto de vista sanitario hay poco que decir: había que tomar medidas. En el área metropolitana las cosas se estaban saliendo de madre. Pero no tiene sentido que un turista alemán pueda entrar en nuestra isla y no un viajero de Lanzarote. Y las restricciones a bares, cafeterías y restaurantes son de tal magnitud que, en la práctica, suponen un cierre encubierto de las actividades de muchas empresas familiares. Y eso tendría que venir acompañado de medidas económicas compensatorias, porque el sector está ya en una situación casi terminal.

Desde hace meses se viene diciendo que hace falta un plan de rescate para las islas. Pero el teléfono de Madrid está comunicando. Las pequeñas empresas y los autónomos están cayendo como moscas, día a día, mientras nos perdemos en ampulosas esperanzas que nunca se cumplen. La sociedad de Canarias no aguantará sin ayuda hasta mediados del año que viene. Pero aún siguen sin verlo.