Entre mis compañeros de infancia figura y brilla un hombre singular por cultura y sensibilidad que, liberado de obligaciones cotidianas, ejerce su vocación y antaño oficio con familiares y amigos. Nos aconseja, alerta y tranquiliza en temas de salud, nos recuerda efemérides de toda naturaleza y tamaño y fechas de significado especial en nuestro círculo. Desde la terrible aparición del Covid 19 en el pasado invierno nos cuenta con puntualidad y rigor los hechos limpios y analiza sus antecedentes y secuelas con objetividad y agudeza.

En la última charla de “lunes negro” –las comillas respetan sus posiciones y reflexiones– había bajado varios escalones del optimismo de las semanas anteriores, cuando situó a Canarias “como excepción de la regla”. Ahora se le ve, y no disimula, “en un estado de preocupación ante las noticias, que siempre son opinables, y las cifras que, desnudas y sin maquillaje, no tienen contestación y nunca engañan”.

Tras el puente de la Constitución, las islas registraron un peligroso repunte de la pandemia (el 19% y 325 nuevos casos, de los que 261 se localizan en Tenerife) que atribuye a una “incomprensible e irresponsable vulneración de las normas sanitarias por parte de algunos sectores ciudadanos y, acaso también, por la relajación de la vigilancia y las sanciones”. Como apunte positivo, citó a San Juan de la Rambla, Vilaflor y Fasnia, libres del mal que, en mayor o menor grado, afecta a los ventiocho municipios restantes.

Denunció la gravedad del rebrote provocado por un equipo de fútbol que regresó a La Palma con una veintena de positivos, “y rompió el control impecable logrado por los responsables de la sanidad insular y el destacado civismo observado por nuestros paisanos”. Abogó por el cumplimiento estricto de las normas –“todas ellas son medidas racionales”– el endurecimiento de las mismas en actividades deportivas y recreativas y “el celo inflexible” de las fuerzas del orden”; reclamó, en suma, “la responsabilidad individual de todos los ciudadanos sean cuales sean sus roles sociales”.

En el platillo negro de la balanza incluyó también a la residencia de mayores Santa Rita 2, en el Puerto de la Cruz “que, con 710 plazas y más de 400 empleados, es la mayor de España y, que con 160 internos y 50 tiene trabajadores infectados, tiene también el record nacional de contagios”. Advirtió en suma del riesgo de los rebrotes que “sólo en algunos casos de ciencias naturales son positivos”.

Advirtió de relajación de las normas por parte de algunos paisanos, acaso porque también y, falta de vigilancia y la irresponsabilidad de algunos paisanoslver el negocio redondo de cada empresa.

Su ruido distrajo las negras cuentas y alejó, temporalmente al menos, los focos de los sectores más vulnerables y castigados –los mayores y las personas con patologías asociadas – pero la realidad tozuda enseñó enseguida los flancos de mayor riesgo y, tras el personal sanitario, figuraron como sujetos prioritarios en los programas de vacunación avanzados en toda Europa y en nuestros lares por el sufrido ministro Illa.

Durante los primeros nuevos meses del Covid 19, en las cinco mil residencias públicas, concertadas y privadas de España, fallecieron veintitres mil ancianos, más de la mitad de las muertes comunicadas por Sanidad. Canarias –con sólo diecinueve bajas– fue la Comunidad Autónoma con menos bajas.

En la presentación de la memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, el diputado nacionalista Jonathan de Felipe, con elogiable puntualidad, pidió mayor control sobre los centros de mayores y de atención a la discapacidad que, en su mayoría, funcionan por concesión administrativa, para que no se vulneren los derechos de los usuarios. “En algunos centros se hace una interpretación privada más restrictiva de la norma y esa situación se refleja en la aplicación de los protocolos de funcionamiento y en el régimen de visitas”. Necesario y oportuno gesto que pone nombres y rostros a un problema que nos afecta a todos pero, a algunos, los mayores y los discapacitados internos mucho más que al resto.