Ayer, 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los más descreídos argüirán que los días internacionales sirven más bien de poco, y aunque hay algo de cierto en esa afirmación, tengo para mí que la efeméride de marras es una de las más importantes de las muchas que se celebran a lo largo del año. Y es que los derechos humanos son un gran invento, el gran invento de la humanidad, a pesar de que no siempre se respetan como debieran. Mas el hecho de que los derechos humanos no siempre se respeten no les resta un ápice de validez, pues si la crítica a la pretendida universalidad de los derechos humanos tiene algún sentido es precisamente porque, en efecto, no siempre se cumplen, pero deberían cumplirse. Quiere ello decir que la falta de universalidad de facto de los derechos humanos solo es criticable desde el convencimiento de su universalidad de iure y de su validez moral universal.
La violación de los derechos humanos es uno de los mayores problemas a los que ha de hacer frente la humanidad. Y si siempre es preocupante que no se respeten los derechos humanos, que se conculquen en los países democráticos, en los países que presumen de ser democracias plenas y que hacen gala de la fortaleza del Estado de derecho, lo es mucho más. Tal es el caso de España y así lo ha denunciado Amnistía Internacional, una organización en defensa de los derechos humanos nada sospechosa de ser un instrumento de la derecha ultramontana ni tampoco del Gobierno que la derecha española, ultramontana o no, gusta de llamar socialcomunista. Y es que, según el informe publicado recientemente por Amnistía Internacional, en España se violaron hasta cinco derechos fundamentales de las personas mayores que viven en residencias en Madrid y Cataluña durante los primeros meses de la pandemia. Ni las derechas en Madrid, ni los independentistas en Cataluña, ni la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos supieron salvaguardar los derechos humanos de estas personas.
Otro caso reciente de violación de derechos humanos en España lo hemos vivido, lo estamos viviendo, en Canarias. El llamado campamento de la vergüenza de Arguineguín, hoy felizmente desmantelado, constituye el penúltimo atentado contra los derechos humanos perpetrado en las Islas. Las deplorables condiciones en las que han vivido estas personas atentan claramente contra la dignidad del ser humano y no sabemos si en el campamento de Barranco Seco serán mejores, toda vez que no se permite el acceso libre a los medios de comunicación, en lo que constituye una vulneración en toda regla del derecho a la información, otro de esos derechos humanos que está siendo pisoteado.
Además, diversas organizaciones han denunciado que los derechos fundamentales de los inmigrantes no se están respetando en lo que se refiere al derecho a la asistencia jurídica o el derecho al asilo. Y todo ello ocurre en un territorio que forma parte de España y de la Unión Europea. Será que, así como Madrid es España dentro de España, Ayuso dixit, Canarias es España fuera de España, fuera de Europa y fuera de la legalidad que obliga a respetar los derechos fundamentales de todos los seres humanos sin distinción.
