Usted lleva veinte años trabajando para la administración (en cualquiera de sus departamentos), sin que en ese tiempo se le haya dado la oportunidad de regular su situación. Hace unos meses, el Gobierno de Canarias planteó que antes de final de este año se produciría una primera oferta pública de empleo para convertir en fijos a un millar y medio de los 26.000 empleados públicos temporales. Supongo que usted se lo creyó, y comprendo que lo hiciera: cuando el Gobierno anuncia que va a resolver el problema de los interinos, es lógico que usted –que es interino– lo crea. No solo porque tendemos a creer siempre lo que más nos conviene; también porque el Gobierno es su patrón, y no es frecuente que el patrón se exponga a huelgas y conflictos por no cumplir sus acuerdos.
Y menos aún cuando resulta que el cuarenta por ciento de los empleados del gobierno regional están en la misma situación que usted. Llevan trabajando demasiados años en condiciones que la legislación europea califica de “abuso de la temporalidad”. Si la administración fuera un empresario privado, hace ya tiempo que estaría colgando de los pulgares en un Juzgado de lo Social. Pero ocurre que quien hace la ley hace la trampa y la Administración no se aplica los mismos criterios que impone con fiereza a las empresas privadas. Podría decirse que en materia laboral, juega con las cartas marcadas.
Pero también hay que decir que la Administración no puede hacer de su capa un sayo. Afortunadamente. De hecho, la Constitución española establece que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a los puestos públicos en libre concurrencia e igualdad de oportunidades. Es cierto que ese precepto no se cumple desde el mismo momento en que la Administración contrata dedocráticamente a quien le sale del ombligo, amparándose en la urgencia, la necesidad o lo más conveniente. Después, esas personas beneficiadas por la decisión de la Administración de elegirlas a ellas y no a otras en un concurso de libre concurrencia, se pasan años sin resolver su papeleta, en algunas ocasiones entrando y saliendo de sus puestos de trabajo con contratos vergonzantes que jamás se permitirían en una empresa privada.
El caso más sangrante es el de los empleados de la Sanidad pública: el 85 por ciento de los médicos especialistas de Canarias, por ejemplo, están en situación eventual o con contratos laborales. Y la situación se repite en todas las consejerías y departamentos, hasta alcanzar a 26.000 personas que desempeñan su trabajo como personal interino o temporal. Función pública les ha comunicado que la oferta de empleo prevista se va a retrasar a la espera de lo que puedan disponer los Presupuestos (convertidos en Ley trágala para colar todo lo que convenga) y en la reforma del Estatuto Básico del empleado público.
En realidad, lo que hace Canarias es reconocer lo que no puede hacer: no puede saltarse a voluntad el formato de concurso oposición. En las negociaciones se ha jugado con esa idea, a sabiendas de que Canarias no puede aprobar el acceso directo del personal, vía concurso restringido. La pelota se pasa al tejado de Las Cortes, porque el estatuto de empleado público contempla la opción del concurso de méritos –el coladero– si se asume por una ley nacional específica y extraordinaria que debe votar el Congreso. Adivinen quien la apoyará.
