El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de lograr un importante éxito político con la aprobación de los Presupuestos para el año próximo (pendiente del trámite del Senado que se espera sin grandes novedades) con una de las más amplias mayorías de todo el periodo democrático (188 votos a favor) con Gobiernos en minoría. El Ejecutivo de coalición ha conseguido engarzar intereses y acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios que apoyaron la investidura, más la propina de algún otro que se ha sumado al calor del reparto presupuestario, para unas cuentas estatales con cifras récord en gasto público e inversión, y con especial acento social, gracias al endeudamiento y al engrase de 27.000 millones procedentes de los fondos europeos de reconstrucción. Se da carpetazo por tanto a un periodo de tres años de horizonte presupuestario basado en una etapa política superada y con una situación económica de signo contrario a la actual. Cabe esperar así que se abra un ciclo de al menos dos años de cierta estabilidad política, independientemente de que la mayoría ahora expresada en el Congreso pueda mantener la cohesión, y un tiempo de gestión de las cuentas acorde a los objetivos marcados en sus líneas maestras.

Los primeros presupuestos del Gobierno de Sánchez tienen, sin embargo, por delante el difícil proceso de ajustar las grandes cifras aprobadas a las necesidades reales y concretas del país y a las exigencias de una crisis económica, con enorme derivación social, empezando por garantizar los ingresos con los que hacer frente a un nivel de gasto nunca conocido en la historia. Las discutidas previsiones en este sentido dejan un horizonte de dudas, alimentadas además por las inconcreciones de muchos de los programas presupuestarios y por la sorda (o no tanto) batalla entre los socios de Gobierno sobre algunas de sus respectivas prioridades en las cuentas. Y queda, además, por conocer ‘el qué’ y ‘el cómo’ de los fondos europeos previstos, porque una parte importante de los mismos están sujetos a la presentación de proyectos de distinto tipo por parte de las Comunidades Autónomas a través de actuaciones de carácter público-privado.

La tramitación en el Congreso de estos Presupuestos ha servido para corregir parcialmente algunas de las muchas lagunas que el proyecto original contenía en relación con Canarias, pero siguen sin responder en muchos aspectos básicos a la situación de emergencia económica y social que sufre el Archipiélago como consecuencia del parón del sector turístico por la pandemia sanitaria. Es cierto que se han subsanado, a partir de enmiendas presentadas por NC luego pactadas con el PSOE, algunos de los más groseros olvidos del proyecto gubernamental en relación con los nuevos elementos del REF y del Estatuto, como el de los 30 millones para luchar contra la pobreza, pero el resultado sigue sin responder a la demanda isleña, apadrinada por el propio Gobierno de Canarias, de articular desde el Estado un auténtico plan de rescate de la economía canaria en los términos en que se recoge en el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias.

La encomiable labor desarrollada por NC, a través de su diputado, Pedro Quevedo, para tratar de rescatar aspectos del REF liquidados o ignorados en el proyecto presupuestario, logrando un total de 45 millones adicionales, no enmascara el silencio gubernamental sobre los otros muchos elementos que han quedado sin respuesta o planteados con vagedad. Además del ‘no’ del Ministerio de Hacienda a los 42 millones del plan de empleo educativo (lo que se ha denominado infraestructuras educativas), los Presupuestos siguen sin dar la cobertura necesaria al sector turístico, que, más allá de la partida de 20 millones que se consigna de manera específica para infraestructuras, se mantiene a la espera de cómo se concretan los fondos del plan estatal anunciado por la ministra Reyes Maroto. Es en todo caso, una expectativa que no alcanza a cubrir la desesperada situación que ya atraviesa el sector en las Islas. El rechazo, como ha hecho el Gobierno en los Presupuestos, de la posibilidad de una reducción de las tasas aeroportuarias, alimenta aún más este escepticismo.

La tramitación presupuestaria se ha producido coincidiendo con la mayor crisis y emergencia migratoria en Canarias, durante la que han llegado a las Islas miles de personas procedentes de África sin que obtuvieran las mínimas condiciones humanitarias de acogida por parte del Estado. La discusión de las cuentas públicas era la ocasión perfecta para tratar de demostrar, a través de partidas y programas específicos en todos los ámbitos posibles de competencia estatal, la voluntad de hacer frente a este problema, pero se ha perdido la oportunidad. Las mejoras desde los distintos ministerios implicados en este ámbito no son proporcionales, ni de lejos, a la situación dramática que se vive en el Archipiélago.

El Ejecutivo central también se ha cerrado en banda a incluir en los Presupuestos algún tipo de solución al problema derivado de la imposibilidad de las empresas canarias de materializar la Reserva de Inversiones (RIC) correspondiente al 2020 en los plazos legales establecidos como consecuencia de la pandemia sanitaria y la inactividad económica durante el confinamiento. Las llamadas del empresariado para que se amplíe el plazo, trasladadas al debate presupuestario a través de enmiendas de NC y CC, no han surtido efecto, aunque aún queda el trámite en el Senado para poder arreglarlo pese a las pocas expectativas que provoca la conocida cicatera posición del Ministerio de Hacienda en una materia en la que siempre se muestra reacia a ofrecer facilidades.

La evidente ambigüedad calculada con la que se ha movido el Gobierno central en relación con Canarias durante la tramitación del proyecto presupuestario -se ha tratado de dar una mínima cobertura a las reclamaciones y presiones del Gobierno regional y del PSOE canario para evitar la fuga del voto de NC y problemas en el propio ‘pacto de las flores’ en las Islas, pero sin acabar de dar los pasos que se solicitaban- ha tenido su mayor expresión en la ‘solución’ que se ha buscado para la deuda estatal en carreteras. Madrid asume transferir a Canarias los primeros cien millones de los 516 ya gastados por la comunidad autónoma correspondientes al anterior convenio, pero lo hace con cargo a otro asiento presupuestario, no como pago de la deuda, como se reclamaba, de forma que cuenta como una inversión estatal nueva. Es en todo caso un primer paso para tratar de resolver un conflicto de años en espera de que se concrete cómo ejecutará el Estado las sentencias del Supremo.

Los Presupuestos y su tramitación han supuesto por otro lado la confirmación de la ruptura del nacionalismo canario en su intento de estrategia de actuación conjunta en Madrid, tanto en sus respectivas relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez como en la interpretación que hace cada uno de ambos partidos, CC y NC, de las políticas del Estado con las Islas. Aunque tanto el aplauso entusiasta del partido de Román Rodríguez hacia los Presupuestos finales como la crítica tremendista de la formación de Fernando Clavijo tienen algo de impostura y de manipulación de las cifras es evidente que sus respectivas visiones e interpretaciones alumbran una quiebra del eje político que justificó su coalición electoral. Canarias necesita sin embargo un esfuerzo de ambas y del resto de formaciones insulares para gestionar lo que quede en limpio de estos Presupuestos y el resto de asuntos trascendentales que se vayan a abordar en esta legislatura que, en términos reales, acaba de comenzar.