A comienzos de este año, el Gobierno firmó un seguro para los 72 mil empleados públicos de la Comunidad Autónoma. O sea, diez mil más de los que figuraban en los papeles oficiales de hace solo un año. Se han producido nuevas contrataciones para Sanidad y Educación en un número que supera los siete mil nuevos profesionales. Y a pesar de todo eso, las cosas funcionan peor. La ejecución de los presupuestos –es decir, el gasto del dinero que se dispone– está en sus mínimos históricos. Y áreas como Servicios sociales, de las que dependen las personas más vulnerables, siguen colapsadas con los técnicos atrapados en la tupida selva de normas que ha fabricado la burocracia para atascarse a sí misma.

Cuando la pobreza entra por la puerta, la paciencia salta por la ventana. La gente está cada vez más cabreada. Y con razón. Es un cabreo transversal. Están indignados los autónomos y los pequeños empresarios, que no hacen más que pagar y pagar mientras se les acerca el momento del cierre. Están cabreados los que han perdido sus puestos de trabajo o los que andan congelados en un ERTE eterno que cada vez tiene peor pinta. Y están muy enfadados y desesperados los que hacen cola esperando una ayuda a la dependencia que no llega, los que tienen que acudir por primera vez en su vida a un banco de alimentos o a un comedor social.

El paro registrado sigue escalando en casi seis mil personas y las afiliaciones a la Seguridad Social se desploman en más de cuarenta mil trabajadores perdidos. A la gente le está subiendo la bilirrubina mientras bajan los salarios, suben los precios y se oscurece el panorama. Entre tanto, el sector público sigue engordando feliz como si no pasara nada, subiendo las nóminas y los gastos de personal un 5,7% y los gastos corrientes en un 13,5 mientras el dinero destinado a derechos sociales –a los más jeringados– apenas crece un 0,8%. Y en el colmo de los despropósitos, surgen voces del Gobierno que piden contratar aún más trabajadores públicos. O sea, que le dicen a la gente que hay que pagar aún más impuestos para poder contratar a más empleados de las administraciones que no funcionan. Apaga y vámonos.

La burocracia solo intenta salvar su propio trasero mientras el mundo se hunde. Pero estamos en medio de un naufragio y si mueren los que pagan, morirán los que cobran. No atinan a discernir, creyéndose a salvo en su burbuja pública protegida del enfriamiento global, que solo existen dos caminos para salvarnos: o un plan de rescate de España o la vuelta masiva del turismo. Mala noticia: ninguna de las dos cosas se va a producir.

El Gobierno peninsular dice, con mucho cinismo, que nos manda 5.500 millones. Que es lo que hace todos los años y con todas las autonomías para financiar los servicios del Estado. Pero este es el año maldito del coronavirus. El año del cero turístico. Y cuando la gente reviente, todas las mentiras no servirán de escudo.