Libertad para el zorro y las gallinas

¿Cómo es posible que no se pueda alcanzar un pacto en educación cuando se consiguió llegar a un acuerdo sobre la Constitución, que es un pacto de más envergadura?, ¿qué es lo que está fallando ahora?, ¿qué y quién bloquea un acuerdo tan necesario?

Habría que encerrar a los políticos a pan y agua hasta que consiguieran un acuerdo, como sucedió en el cónclave celebrado en la Iglesia Católica para elegir al Papa Gregorio X. El cónclave más largo de la historia (29 de noviembre de 1268 a 1 de septiembre de 1271). Como la elección se demoraba por tan largo tiempo, se llegó al acuerdo de racionar la comida y de quitar el techo del Palacio Papal de Viterbo al colegio cardenalicio para que pusieran fin a las numerosas disputas y eligiesen un nuevo Pontífice. Y así sucedió.

Se estuvo a punto de alcanzar un pacto con el ministro socialista Ángel Gabilondo, hombre de talante tranquilo y negociador. La oposición conservadora, que se veía ganadora de las elecciones con mayoría absoluta, pensó que era mejor hacer una ley a su medida y rompió las negociaciones. No se pactó ni un artículo de la LOMCE, del malhadado señor José Ignacio Wert, una ley que yo he calificado de cruel. No consiguió ni un voto más que los del partido en el poder. Ni uno solo. La apisonadora de los votos aprobó una ley que, en esa inercia del péndulo, ahora se deroga porque respondía a una visión unilateral de la realidad. La LOMLOE lleva, al menos, el apoyo de siete fuerzas parlamentarias.

Michel Crozier tiene un libro titulado La sociedad no cambia por decreto. Yo aplico este título a la escuela. Una ley no cambia lo que es sustancial en la búsqueda de la calidad educativa, como es la formación de los docentes, la actitud de los profesionales, su compromiso y dedicación. Puede cambiar otras cosas relacionadas con la estructura, con el curriculum, con la organización, con el procedimiento… Es decir, cuestiones importantes, pero no tan sustanciales, a mi juicio.

En la pasada ley Wert pudimos comprobar algo extraordinario: el mismo ministro que impulsaba la ley para mejorar la calidad, establecía condiciones que la hacía imposible o más difícil de alcanzar: más número de alumnos por aula, retirada de especialistas de las escuelas, endurecimiento de la condiciones laborales de los docentes…

Los profesionales de la educación han tenido que someterse a ocho cambios de rumbo, impulsados desde la política. Ese modelo de racionalidad técnica que les convierte en meros ejecutores de prescripciones externas y de reflexiones de investigadores e investigadoras que no dan clase, que ganan más dinero que los que dan clase y que tienen más jerarquía epistemológica, tiene poca eficacia para el cambio profundo.

Se ha tenido poco en cuenta la realidad y el sentir de los profesionales. Y eso conduce al fracaso de las leyes. Porque quien tiene que llevar a cabo ley, quien la tiene que llevar a los centros y a las aulas son los docentes. Y aquí parece que vuelve a hacer realidad el lema de los liberales franceses: Todo por los profesores sin los profesores.

Pondré un ejemplo. Imaginemos que una empresa quiere hacer un negocio con la preparación del mejor alimento para gatos que uno se pueda imaginar. Convoca a los mejores nutricionistas del mundo, a los mejores investigadores de alimentos, a los especialistas más acreditados en la elaboración de productos para felinos. Una vez conseguido el producto, llaman a los mejores especialistas de publicidad para que hagan unos anuncios originales y llamativos. Con los más acreditados especialistas hacen un estudio de mercado. Producen una enorme cantidad de atractivos envases con el alimento y estudian cuáles son las mejores cadenas de distribución. El módico precio hace presagiar un éxito sin precedentes. Pero, una vez lanzado el producto al mercado, resulta un estrepitoso fracaso. Después de largos estudios acaban concluyendo que la empresa había cometido un grave error: no le habían dado a probar el producto a los gatos.

La ley se ha aprobado en el Congreso en medio de una bronca monumental. Mientras el sector progresista aplaudía la aprobación, el conservador daba golpes sobre los escaños gritando libertad, libertad, libertad.

¿Libertad? Lo que esconde ese grito es una trampa. Lo que gritaban, en realidad, es libertad para el zorro y las gallinas. Porque se olvidan de otra palabra no menos importante: Igualdad. ¿Por qué no clama la derecha por la escuela pública de calidad para todos y para todas? Muy sencillo, porque a ellos les importa mucho ejercitar ese derecho de las familias a elegir la educación que deseen para sus hijos. Sin reparar que ese no es un derecho omnímodo, al menos si se plantea una elección que sufraga el erario público. ¿Querrían esos que claman por la libertad sufragar un colegio bajo el ideario terrorista? ¿Les parecería bien aportar su dinero para que los padres y las madres educasen a sus hijos según sus deseos, aunque contravengan sus principios? A mí no me parece ni justo, ni lógico. De modo, que menos gritos y menos golpes y menos banderas. Un poco más de diálogo, de reflexión y de humildad.

Otra cuestión que ha enardecido a la derecha es la supresión de la condición vehicular de la lengua castellana. Condición que, por cierto, aparece por primera vez en la LOMCE, en el año 2013. ¿Qué sucedía antes? Pues lo que sucederá ahora, que los padres y madres que quieran que sus hijos cursen los estudios en lengua castellana, lo podrán hacer, sin ningún problema.

Una tercera cuestión que ha enardecido los ánimos es la relacionada con la educación especial. He oído críticas verdaderamente miserables. Críticas en las que se hablaba incluso de planes eugenésicos de la izquierda y de incitación al aborto de personas con discapacidad (Espinosa de los Monteros, parlamentario de VOX). Pero, qué barbaridad. La inclusión de personas con discapacidad en la escuela ordinaria tiene la intención de que estos alumnos y alumnas sigan la escolaridad (con ayuda de especialistas, por supuesto) sin sentirse excluidos y discriminados. Sin sentirse apartados. Y los demás niños y niñas tendrán la oportunidad de conocerlos, de ayudarlos y de esperarlos cuando sea necesario. He oído a familias quejarse por que la presencia de un niño con síndrome de Down porque ralentizaba el aprendizaje de los demás. No tiene por qué ser así. Y, si en algún caso lo fuera, los demás tendría que hacer ese tributo a favor de quienes avanzan más lentamente.

Otra cuestión que enerva a la derecha. España es uno de los países del mundo en los que más se repite curso. Está comprobado que no es muy eficaz para la recuperación de los niveles y, además, produce el nocivo efecto del etiquetado y del desfase respecto al grupo de referencia. Por otra parte, no tiene lógica que si un alumno no va bien en dos asignaturas, por ejemplo, tenga que repetir el resto. Parece más razonables ofrecer la ayuda necesaria en aquello que no ha alcanzado el nivel necesario.

Eso no significa que no haya que esforzarse, que no sea necesaria la disciplina del estudio y de la indispensable exigencia, como se quiere hacer creer. Nadie defiende la pereza o la falta de sacrificio que requiere el estudio.

Una última cuestión, de los miles de cuestiones que suscita la nueva ley: bienvenida sea de nuevo la asignatura de Valores Cívicos y Éticos. Sé que se pueden trabajar esas cuestiones de forma transversal en el curriculum, y así habrá que seguir haciéndolo, pero la presencia de la asignatura refuerza la importancia de la cuestión y permite trabajar de forma explícita, estructural y organizada las cuestiones más relevantes del aprendizaje de la ciudadanía en una democracia. A mi juicio, es una tarea esencial de la escuela.