Uno de esos refranes tan nuestros afirma que “a perro flaco, todo son pulgas”. Es lo que le sucede a España desde hace demasiado tiempo con su política migratoria y de asilo. A los fallos en la recepción, acogida y gestión de las migraciones llegadas a las Islas Canarias en las últimas semanas se suma el hacinamiento de varios miles de inmigrantes en el CETI de Melilla, junto a un goteo desconcertante de pateras en diferentes provincias, sin olvidar el colapso en todo el sistema de asilo y refugio, con decenas de miles de expedientes acumulados y pendientes de resolución.

No es de recibo que en una política de Estado tan importante se vaya a salto de mata, apagando fuegos solo cuando las llamas amenazan con devorarnos. España es un punto de tránsito clave de las rutas migratorias hacia Europa desde hace décadas, algo que ya no justifica tanta improvisación. Al mismo tiempo, el fracaso estrepitoso de la política europea de migración y asilo (por llamarlo de alguna manera) y su gigantesca irresponsabilidad en la mal llamada crisis de los refugiados que estalló en Europa en el año 2015 exigen contar con políticas efectivas que impidan el caos y el disparate, como los vividos en los últimos años. Con mayor motivo sabiendo que el auge de las fuerzas neofascistas utiliza las migraciones como una de sus grandes armas para crear alarma y difundir barbaridades. Bueno sería que nuestros dirigentes políticos actuaran con responsabilidad y no dieran carnaza a esta extrema derecha asalvajada.

En el año 1994, llegó a Canarias la primera barca con diez inmigrantes, y desde entonces estas islas han recibido un flujo constante de cayucos y pateras que han desembarcado a más de 122.000 personas en sus costas. Durante estos veintiséis años, ninguno de los diferentes ejecutivos de distinto color al frente del gobierno central ha creado una estructura estable de acogida ni tampoco una política integral para intervenir ante las migraciones continuadas (y a veces extremas) que han registrado las islas que componen el archipiélago canario. La situación de improvisación, desbordamiento y vulneración de derechos que se vive en estos días en las Islas Canarias, que sufren un repunte considerable en la llegada de pateras, trayendo en este año a más de 18.000 inmigrantes, no son admisibles, ni desde el punto de vista humanitario ni jurídico. El desconcierto y el trato ignominioso que han sufrido en estos días en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, un millar de inmigrantes, con prohibiciones de visitas a parlamentarios y periodistas incluidas, nos ha recordado algunas escenas dolorosas que se vivieron en campamentos de refugiados griegos, demostrando hasta qué punto la política migratoria de este país ha estado abandonada.

En modo alguno pretendo hacer discursos fáciles ni frases grandilocuentes, ni mucho menos, porque si algo sabemos los que llevamos años estudiando los procesos migratorios es de su extraordinaria complejidad y transdisciplinariedad. De hecho, la crisis migratoria que viven las Islas Canarias coincide, a su vez, con otras grandes crisis que dificultan todavía más la intervención. Por un lado, y por encima de todo, el impacto de la pandemia del Covid19 en los países africanos y, por supuesto, también entre nosotros. Bueno sería que los responsables diplomáticos de Asuntos Exteriores de España en Senegal averiguaran qué se está difundiendo en este país, incluso desde emisoras de radio, para pedir a la gente que se meta en cayucos y venga hasta España. Y al mismo tiempo, que analizaran el impacto de políticas económicas y comerciales europeas que tanto daño han hecho a la economía y a los trabajadores senegaleses, como ha sucedido con los nefastos Acuerdos de Asociación de Pesca Sostenible (AAPS) de la UE, que han dañado los ricos caladeros senegaleses, empujando a la emigración a miles de jóvenes pescadores que ahora no obtienen nada saliendo a faenar con sus cayucos.

Pero no nos engañemos, el cierre por la UE de otras rutas migratorias, en el norte de África ha desplazado a estos inmigrantes hacia nuevos trayectos, como el que se ha abierto desde Marruecos hasta las Canarias, con el agravante de que el Gobierno marroquí está jugando y presionando a España y a la UE con una de sus armas preferidas: los inmigrantes, a los que utilizan con éxito desde hace décadas. De esta manera, Marruecos lleva años amenazando con dejar pasar inmigrantes hacia Europa a través de España, obteniendo a cambio de su control concesiones económicas y políticas de distinta naturaleza muy sustanciosas que no han revertido en una mejora de la situación. Cuando la monarquía alauí quiere presionar sobre el Sáhara, pretende obtener un trato preferente o simplemente quiere recibir millones de euros abre el grifo de las pateras desde sus costas demostrando a España y a Europa el poder que tiene. Poco tiempo después llueven millones de euros o se mira para otro lado ante las violaciones sistemáticas que este país viene cometiendo sobre la población saharaui.

También la UE lleva demasiado tiempo sin hacer sus deberes, dejando a los países del Sur de Europa abandonados a su suerte. Antes Grecia, después Italia y Malta, ahora España. Hasta que Europa no adopte una verdadera política migratoria y de desarrollo hacia el continente africano, los países mediterráneos seguiremos sobrepasados por la realidad.