Como una ruleta venal, la dichosa pandemia motiva y omite asuntos a discreción; crea y borra esperanzas a diario; da y quita protagonismos a voleo; siembra dudas y ansiedades en todas las esquinas del planeta y, de rebote, exalta las ultraderechas que exhiben sin rigor ni pudor, como con el climático, su cerril negacionismo.
En la primavera pasada el culto y desarrollado occidente vio, y vivió, de sopetón contagios y muertes por un coronavirus que, en principio, imaginó y trató como una “simple plaga china”. Los confinamientos inevitables y sucesivos causaron pánico en las poblaciones y fueron contestados por líderes soberbios que, con la tragedia encima, antepusieron la economía a la salud.
Después de la campanada de Pfizer, cayó el aluvión de las vacunas y la feroz competencia de las industrias farmacéuticas; cada una con una marca registrada, un determinado porcentaje de efectividad, un precio diferente y una asombrosa capacidad de producción; y, claro está, una bandera nacional para distinguir y envolver el negocio redondo de cada empresa.
Su ruido distrajo las negras cuentas y alejó, temporalmente al menos, los focos de los sectores más vulnerables y castigados –los mayores y las personas con patologías asociadas – pero la realidad tozuda enseñó enseguida los flancos de mayor riesgo y, tras el personal sanitario, figuraron como sujetos prioritarios en los periodos de vacunación avanzados en toda Europa y en nuestros lares por el sufrido ministro Illa.
Durante los primeros nuevos meses del Covid 19, en las cinco mil residencias públicas, concertadas y privadas de España, fallecieron veintitres mil internos, más de la mitad de las muertes comunicadas por Sanidad. Canarias – con sólo diecinueve bajas – fue la Comunidad Autónoma con menos bajas.
En la presentación de la memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, el diputado nacionalista Jonathan de Felipe pidió mayor control sobre los centros de mayores y de atención a la discapacidad que, en su mayoría, funcionan por concesión administrativa, para que no se vulneren los derechos de los usuarios. “En algunos centros se hace una interpretación privada más restrictiva de la norma y esa situación se refleja en la aplicación de los protocolos de funcionamiento y en el régimen de visitas”. Necesario y oportuno gesto que pone nombres y rostros a un problema que nos afecta a todos pero, a algunos, mucho más que al resto.
