El Gobierno de España justificó el IVA que estaba poniendo a las mascarillas –un 21% como el alcohol o el tabaco– porque Europa no le permitía cambiarlo. Era mentira. Hacienda estaba haciendo un negocio de entre 1.800 y 3.000 millones con las compras obligatorias que las familias de este país tienen que hacer para autoprotegerse y bajo amenaza de multa. Para exigir eso hay que tener los testículos del tamaño del toro de Osborne. Pero ellos los tienen.

En un momento dado, la situación empezó a ser escandalosa. Los medios de comunicación, esas molestas ladillas democráticas sin “ley mordaza”, empezaron a hacerse eco del costo de las mascarillas en países europeos, como Portugal, donde podían comprarse por un precio tres o cuatro veces menor al de España. Y la gente empezó a indignarse porque en algunos sueldos, gastarse obligatoriamente treinta o cuarenta euros mensuales se nota mucho. Entonces el Gobierno tomó una decisión. Anunció que bajaba el IVA al 4%. Pero fue otra mentira. Porque la reducción no afecta a todas las mascarillas sino a las “quirúrgicas desechables”.

Cuando alguien es capaz de soltarte una enorme trola a la cara significa que no te tiene ningún respeto. Y desde un tiempo a esta parte, los políticos, en general, y el Gobierno, en particular, no hacen más que mentirnos, manipularnos y tomarnos la pelambrera. Lo han hecho con las mascarillas. Con los inexistentes equipos de protección para el personal de Sanidad. O con el problema de la inmigración en Canarias. Se están convirtiendo en una especie de mentirosos compulsivos.

El ministro Grande Marlaska ha tenido el cuajo de afirmar que Europa no permite las derivaciones de emigrantes en Canarias hacia otras zonas del Estado. Es falso. Se trata de otra cosa. Lo que existe es una política disuasoria que intenta mostrar a los ilegales que van a quedar confinados allí donde lleguen y que su sueño de entrar en la Unión Europea será una pesadilla. Y esa política es completamente diferente a la que hasta hace bien poco –¿se acuerdan del Aquarius?– sostenía el Gobierno de nuestro país.

Canarias se ha convertido en una cárcel para emigrantes ilegales del África vecina. Si se mantiene el ritmo de llegadas y se mantiene el colapso en la tramitación de repatriaciones, dentro de unos pocos meses vamos a tener a miles de personas hacinadas en campamentos “provisionales” o en libertad dentro del perímetro de nuestras islas. Y la decisión de poner a miles de personas en un lugar de tránsito, en donde no quieren estar, sin recursos propios y en coexistencia con una sociedad en medio de una enorme crisis, con un paro que superará el medio millón de personas, puede agravar la vida de unos y de otros.

El presidente Sánchez ha dicho que España será solidaria con Canarias. ¿Cómo? ¿Montando carpas para siete mil inmigrantes? A la industria del automóvil le darán una ayuda de diez mil millones en tres años para superar la crisis de ventas. Para el turismo en Canarias mandarán un solidario rollo de papel higiénico.