El Congreso ha aprobado una nueva Ley de Educación (Lomloe, popularmente “Ley Celaá”) que, aparte de contener mejoras que intentan corregir aspectos como la distribución del alumnado económicamente menos favorecido, la segregación por sexos etc., suprime la obligación de utilizar el castellano como lengua vehicular en las CCAA con otra lengua cooficial. Esa obligación, que figuraba en el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno a las Cortes, se eliminó vía una enmienda PSOE-UP-ERC pactada a última hora.

La decisión, una concesión a ERC y otros grupos nacionalistas a fin de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, es lamentable. Por un lado, porque consagra la llamada “inmersión lingüística”, de hecho, inmersión obligatoria monolingüe sólo en catalán: una fórmula anómala sin parangón en Europa (exceptuando Groenlandia), que desatiende las recomendaciones de los pedagogos y las indicaciones de la Unesco según las cuales los pequeños deben recibir enseñanzas en su lengua materna en sus primeros años. Por otro lado, porque empeora aún más la situación de las familias castellanohablantes de Cataluña, que son la mayoría y prefieren que sus hijos reciban una educación bilingüe catalán-castellano, no monolingüe como ahora. Hay quienes afirman que se trata sólo de un “retiro formal del castellano” ya que en la práctica la Generalitat lleva años desafiando las sentencias de los Tribunales, que reiteran que, como mínimo, el 25% del horario lectivo deberá hacerse en castellano...

Para el Gobierno, lo esencial es que la Ley fija que los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un “dominio pleno” de ambas lenguas, pero son meros buenos deseos: un dominio pleno de una lengua, esto es, un conocimiento formal elevado de la misma --sostienen expertos lingüistas-- requiere no sólo varios años estudiando esa lengua sino también en esa lengua. “Blindando” la injusta inmersión monolingüe, dicho objetivo se aleja aún más.

(*) Javier Díaz Malledo