La consejería de Hacienda firmó el pasado viernes un convenio con la FESAD, una fundación creada en 1994 por el Ayuntamiento de Las Palmas y el Cabildo, con patrocinio del Gobierno regional y varias empresas grancanarias, algunas hoy ya desparecidas, como La Caja de Canarias. La fundación, cuyo objetivo estatutario es sostener económicamente el centro asociado de la UNED de Las Palmas, está dirigida por el politólogo Juan José Rodríguez Guerra, que es quien ha recibido el encargo de elaborar -a partir de ahora y de forma trimestral- un sociobarómetro sobre la situación política y social de las islas. La consejería de Román financiara con 25.000 euros anuales, y hasta la celebración de las próximas elecciones, la realización de estos estudios demoscópicos, cuyo coste se sufragará –según ha asegurado Román- conjuntamente con la UNED. No ha quedado claro cuánto aportará la Universidad, o si más que financiación lo que pondrá en juego será a sus investigadores o becarios, pero sí que cada tres meses, la FESAD ofrecerá un sondeo en el que serán encuestados 3.500 canarios, una muestra más para informar al vicepresidente de qué pie cojea la perrita en cada momento.

Nadie discute el importante rol que puede tener la demoscopia en la toma de decisiones. Otra cosa es que los sondeos –no se trata de información estadística, que ofrece el ISTAC- se realicen con la debida transparencia, y su información sirva a todos, y no sólo a quienes los pagan con dinero de todos. Lo que sí está claro es que el vicepresidente Rodríguez ha conseguido hacer realidad uno de sus más anhelados caprichos: volver a disponer de encuestas a la carta, financiadas con dinero de los contribuyentes y realizadas por encargo directo del Gobierno. O por encargo suyo, para ser más exactos, dado que la competencia en materia de realización de sondeos se  incorporó a la dirección general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia (es decir, a su área), en la aprobación del último reglamento orgánico de la Presidencia.

Román recupera una práctica instaurada durante su mandato como presidente por Coalición Canaria, cuando puso en marcha el sociobarometro canario, un instrumento del gobierno para adecuar sus políticas a las reclamaciones ciudadanas. Al menos en teoría, porque en materia de encuestas una cosa es predicar y otra dar trigo: Román dispuso en su etapa de presidente de recursos que permitieron sostener el entramado de su propio y personal CIS, entonces a cargo del sociólogo Miguel Guerra de Celis. Pero no existe ni una sola prueba de que la información facilitada por el sociobarómetro fuera utilizada para modificar política alguna. De hecho, tras la salida Román de la Presidencia, los sondeos realizados en junio y diciembre de 2003 no llegaron a publicarse. Guerra de Celis, también profesor de la UNED, después de dar algunos tumbos por el consejo de administración de la televisión canaria o como asesor de Nueva Canarias para la reforma del sistema electoral canario, acabo de presidente de la fundación Pancho Guerra, puesto que aún desempeña. Y el sociobarómetro fue cancelado: el sucesor de Román –Adán Martín- rechazó su continuidad por considerarlo un instrumento de poder personal.

Román dispone de nuevo de un CIS a su medida. Ahora sólo falta saber si por el mismo precio tendrá a alguien dispuesto a hacer de José Felix Tezanos.