No salimos adelante con prontitud porque falta rapidez en la toma de decisiones, valentía en su puesta en funcionamiento y acabar, de una vez, con los corporativismos retrógrados que defienden intereses particulares en contra del beneficio general. Ahora toca hacer, ejecutar, gobernar. Lo que no funciona se cambia o se arregla para que dé buenos resultados. No se puede mirar para otro lado, sin enfrentarse a los problemas con ánimo resolutorio. Hay que generar trabajo, donde se pueda y como se pueda, porque la situación es insostenible. Las empresas quieren trabajar y mantener la actividad, pero la tardanza en la concesión de licencias de obras, por parte de las oficinas técnicas municipales y las gerencias de urbanismo, está provocando un parón que pone en riesgo la supervivencia del tejido empresarial y esa reactivación tan deseada. La propia administración incumple sistemáticamente los plazos resolutorios que ella misma impone, dando mal ejemplo y dificultando una salida airosa. El inmovilismo burocrático para cualquier iniciativa encaminada a generar trabajo o crear empleo. Estamos a expensas de una administración pública lenta, obsoleta, con falta de personal técnico suficiente y, sobre todo, paralizante, porque impide una actividad suficiente de la iniciativa privada que quiere, pero no la dejan. En época de crisis, lo más lógico es que se aceleraran los expedientes de inversión para dinamizar la economía. Tristemente, sucede lo contrario; todo son pegas, impedimentos y, en muchos casos, pocas ganas de resolverlos. Todo se resume en que hay dos vidas: una, la de una burocracia tranquila y, la otra, la de la empresa desquiciada porque no puede avanzar por los impedimentos de los que nunca tienen prisa.

La demora en la concesión de licencias de obras obstaculiza planes de inversión, estructuras empresariales y planificaciones de gestión. Teniendo una repercusión en el aumento de precios de lo que se pretende construir, porque a partir de unos meses de retraso en la concesión de una licencia, el precio de la vivienda se encarece. El impacto puede significar más de 5.000 euros por inmueble, ya que se produce un incremento de los costes a cuenta del pago de los intereses del préstamo y del retraso en la venta de las viviendas. Además, como consecuencia, la oferta empieza a escasear. Este incremento se traslada al precio final de la vivienda, repercutiendo en el comprador final, que es perjudicado, indirectamente, por la inacción de la Administración pública.

La dejación de los poderes públicos ante este problema viejo, y, a la vez ,actual -al que reconocen como cierto, pero que después no hacen nada para resolverlo-, puede provocar un aumento del desempleo alarmante en los próximos meses. No puede pasar lo mismo que con los PCR en aeropuertos y puertos, que se habla mucho, pero no se toman las decisiones oportunas en tiempo y forma. Ante situaciones extraordinarias hay que asumir resoluciones operativas, porque el tiempo no se puede perder en promesas, propuestas a largo plazo o buenas intenciones. No podemos esperar, porque es ahora cuando hay que trabajar y crear empleo, ya buscaremos otras soluciones para dentro de unos años. Gobernar significa hacer, más que decir. Pues que se apliquen a dotar a esas oficinas técnicas y gerencias del personal técnico suficiente, e informatización oportuna, para sacar las licencias de obras en los plazos que dice la normativa, tres meses y no el vergonzoso promedio actual que supera los 18 meses y, en algunos casos, más de dos años. Además de acabar con la excesiva burocratización de todo el proceso, en la mayoría de los ayuntamientos la tramitación no se ha digitalizado. Esta falta de recursos humanos, innovación y tecnología repercute directamente en la nefasta gestión de las licencias de obras. Pues demos la vuelta y hagamos lo contrario de lo que se hace ahora, que es poquísimo, para que, por fin, funcione con celeridad.

(*) Presidente de Fepeco