Medios europeos y estadounidenses, ajenos al discurso populista y enloquecido de los digitales, comienzan a referirse a España como "país fallido". No solo ellos: también exministros, políticos apartados del desvarío, académicos, juristas y alguna voz ajena al actual establishment hablan de un creciente riesgo de voladura del sistema constitucional. Ya no es solo la presión de las fueras centrífugas del independentismo por dividir la nación, o las belicosas campañas de ERC y Unidas Podemos por la república, consentida por un partido que fue clave en la construcción del consenso constitucional. Es también la tentación del todo vale, el recurso sectario a usar el poder como apisonadora, el desprecio a la legalidad, la pretensión de modificar por mayoría simple las leyes que exigen mayorías cualificadas, las constantes acusaciones a jueces de actuar con la intención de perjudicar al gobierno o a sus dirigentes, o el debate abierto en el PSOE sobre la impunidad de Iglesias: rechazar su suplicatorio para salvar el gobierno de Coalición.

Esa es una parte de lo que está ocurriendo. La otra es el uso de los recursos públicos para sostenerse en el Gobierno, la presentación de cuentas volátiles e infundadas, construidas como marketing y propaganda por fuera y como un mecanismo para atar en corto -muy en corto- los apoyos necesarios para poder mantenerse en el poder, obviando que el dinero público, venga de los impuestos o de los préstamos o del sacrificio y ahorro de los ciudadanos de los países más ricos, debe utilizarse para evitar el hundimiento del país, para superar la mayor crisis económica de nuestra historia, la desigualdad y la pobreza que vienen, los gastos disparados en Sanidad, Educación y asistencia social, en cobertura del desempleo y ayuda a empresas que llevan ya meses sin producir ni vender.

En este contexto, Sánchez tendría por ley que haber presentado ya los Presupuestos de 2021, pero optó por el show de la recuperación y la resiliencia, con un cuadro de previsiones macroeconómicas que se reduce a un año, que no incorpora las previsiones en materia de recaudación fiscal y, aun así, garantiza a todas las regiones que recibirán los mismos fondos que se transfirieron en 2020. Los mismos contemplados en el último presupuesto de Rajoy, cuando nadie podía sospechar lo que estaba al caer. Sánchez asume con esa fórmula que el Estado se hará cargo de todo el déficit que suponga transferir a las autonomías lo que no se tiene y que se sumará al enorme descosido que la pandemia le ha hecho al tesoro público, y a los desfases en la Seguridad Social, el sistema público de pensiones, el desempleo y los ertes. Sánchez ha aumentado el techo de gasto hasta un 25 por ciento (sin contar el dinero de Europa), y ese gasto no será en inversión (para eso están los fondos europeos) sino en gasto corriente, que habría que reducir en 2022, cuando las cosas vayan un poco mejor. Pero€ ¿qué gobierno -sea de España, regional o municipal- recortará el presupuesto en año electoral? El déficit va a ser brutal y solo se cubre con más deuda. A este paso, la deuda puede estar en el 150 por ciento de un PIB reducido antes de que finalice 2022. ¿Seguirá el Banco Europeo comprándonos deuda? ¿O volveremos a la prima de riesgo desmadrada? Con un gobierno inestable y radicalizado€ ¿tendremos derecho a pedir un rescate a la griega? ¿Tendrá una Europa exhausta por la pandemia y la crisis capacidad política o económica para auxiliarnos? No. España bordea el abismo de una catástrofe sin precedentes. Con el gobierno decidido a dar un enérgico paso al frente.