06 de octubre de 2020
06.10.2020
Retiro lo escrito

Pasta y reformas

06.10.2020 | 00:13
Pasta y reformas

Los ayuntamientos canarios consideran "insuficiente" que puedan acceder a sus superávit y remanentes. Además, han solicitado al Ministerio de Hacienda –o lo harán en breve– poder endeudarse en los próximos años. Los municipios estiman que desde que entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera acumulan 1.000 millones en remanentes y a esta cantidad deben sumar los superávits que generan anualmente y que alcanza una cantidad aproximada de 3.200 millones. Hay Cabildos, como el de Fuerteventura, y ayuntamientos, como el de Candelaria, que tiene en los bancos el equivalente a un 80% de su presupuesto anual. La media del archipiélago está alrededor del 50%. Nadie entiende por qué el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado una y otra vez a ceder a los ayuntamientos lo que era suyo: se ha perdido medio año.
La ley de Estabilidad Presupuestaria no fue una mala ley y era imprescindible enjaezar el gasto de las corporaciones locales y las autonomías que, a principios de siglo, habían llegado a expresar la chifladura, ineptitud e ineficacia de la élite política del país. Ahora hay que inyectar pasta. Toda la necesaria y un poco más. El problema es quién la inyectará y según qué metodología renovada. Los ayuntamientos demostraron sus dificultades técnicas y de personal para enfrentarse al desarrollo de inversiones en expedientes administrativos de tramitación compleja. ¿Cómo puede arreglárselas un mediano ayuntamiento isleño para gestionar otro medio presupuesto en un año? ¿Cómo adquirirá el músculo técnico-profesional suficiente? Si Canarias consigue (milagrosamente, en vista de la pachorra al respecto de los gobiernos central y autonómico) algún proyecto relevante cofinanciado por el Next Generation, ¿cómo afrontará su gestión y la colaboración con otras administraciones? Y a propósito de esto, ¿cómo es que no se está montando ya una Oficina Técnica, dependiente de Presidencia del Gobierno de Canarias, que capte a los mejores profesionales de la administración autonómica para evaluar y seleccionar los proyectos que opten a la financiación extra de la UE?
La respuesta es más melancólica que irritante: no se ha hecho así, se ha hecho estratégicamente muy poco y a paso de gasterópodo, porque la urgencia aterradora de una crisis estructural ha sido secuestrada por los rituales y ritmos de la vieja política. En el fondo, se trata de una prueba más de que esta amenaza sobre nuestro desarrollo económico y social, y sobre la propia legitimidad de las democracias representativas, no necesita solo dinero, pasta, panoja. Necesita una reforma del Estado, una reforma en profundidad de la eficacia de las administraciones públicas y de la profesionalidad del funcionariado, de los contrapesos de poder en el sistema institucional, de las relaciones entre el poder político y los aparatos administrativos para la evaluación neutral de los resultados de políticas y programas. Y esas reformas son tan vitales para nuestro futuro como las inversiones financieras. Es más: a la larga, una no tiene sentido sin la otra y viceversa.

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