Pocos empresariados hay tan irreductiblemente respetuosos con los poderes públicos como el canario. No le recuerdo a la élite empresarial canaria un solo reproche -por matizadamente argumentado que estuviera- contra ningún Gobierno autonómico. En la memoria apenas queda constancia de la revuelta de los productores agrícolas de los años ochenta, que impidieron a Jerónimo Saavedra aprobar una muy razonable Ley de Aguas. La victoria de los agricultores (para ser más preciso, de los grandes aguatenientes) no fue tan modesta como podría deducirse de su olvido. Al contrario, fue extraordinaria y hoy la propiedad del agua subterránea -galerías y pozos- sigue siendo privada en Canarias, caso excepcional en España. Los ayuntamientos (o las empresas en las que han delegado la gestión del agua) deben comprar en el mercado privado, salvo cuando lo obtienen gracias a las desaladoras. Ningún otro gobierno regional, desde 1987, se atrevió a enfrentarse a los accionistas. Y este ejemplo explica, en parte, el silencio cómplice empresarial tan habitual en Canarias. Las élites empresariales son complacientes porque a) sus intereses, nucleados alrededor de un conjunto muy limitado de activos y actividades, los negocian con el gobierno de turno; b) se ha creado un sistema de garantías jurídicas normativas y fiscales diseñadas para mejorar la competitividad de las empresas y corregir las dificultades que impone la lejanía y sus externalidades, pero la praxis más corriente las ha convertido más en una cama mullida y calentita que en un trampolín sobre el que se corren riesgos, y c) muchos han comenzado a vender activos y liquidar negocios€ en Canarias.
Sin embargo, lo que nos está cayendo encima no es ya una crisis como la de 2008. La actual es más estructural y brutal: el turismo prácticamente ha desaparecido. Las derivadas alcanzan todos los ámbitos. La Reserva de Inversiones, más de 1.132 millones, los de la dotación que los empresarios realizaron a la RIC en 2016 no podrían -no deberían- ser invertidas en 2021, como marca la normativa. Los reservistas piden un año de gracia para desarrollar las inversiones en 2022, cuando se supone, je, que todo estará más despejado. Hacienda no parece estar por la labor. Pero hay más: no se ha cerrado un acuerdo sobre los ERE y nadie apuesta un céntimo porque en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 se respete el mandato del REF sobre la inversión estatal en el Archipiélago: al menos, que se llegue a la mitad inversora en el Estado. De que el Gobierno central se decida de una puñetera vez a abonar los 500 millones que debe a la Comunidad autónoma, según sentencia del Supremo (deuda del incumplido convenio de carreteras), no vale la pena hablar. No creo que esta vez nuestras élites empresariales puedan resignarse al avestrucismo y pensar que un día las rentas de situación volverán a lo que fueron. O al 50%. Deberían comprender ya que está en juego su existencia como clase.
