El Gobierno ha decidido adaptar la normativa sobre el trabajo a distancia a los tiempos actuales. Sobre el papel, la nueva ley, que entrará en vigor en las próximas semanas, protege los derechos laborales de los teletrabajadores, promete que no podrán ser penalizados por ello y preserva el derecho a la desconexión digital. En España apenas 8 de cada cien personas trabajaban en remoto antes del estado de alarma -en Baleares eran un 11%, según el Banco de España- y, aunque las causas atribuibles a la Covid quedan relegadas a los márgenes de este decreto, no cabe duda de que es la razón que ha precipitado el acuerdo entre los sindicatos y los empresarios. Para muchos trasladar la oficina a casa va a ser una buena solución para sortear el imprevisible régimen de aislamientos selectivos que nos espera mientras no exista una vacuna contra el virus. La distancia en lo colectivo, en la acción de equipo, se instala así en la vida de los adultos, después de que lo haya hecho -con más fracaso que éxito- entre los escolares.
