En primer lugar, quiero agradecer a El Día, que me ceda estas líneas, detalle que me han concedido estos últimos 45 años con más de 500 artículos publicados.
Estas letras quieren manifestar la preocupación que tenemos por unas leyes ambientales hoy totalmente inoperativas en Canarias. Marco legal que nació en una época "alegre", en un entorno económico donde dominaban los excedentes de producción de alimentos gracias a la revolución verde, así como los sueños de globalización que llevaban a Canarias a especializarse en un modelo de servicios orientado al turismo.
Hemos de destacar que se declaró casi el 50% del suelo canario como "protegido". Dicho marco legal se olvidó del presupuesto para tal protección y, en consecuencia, de la gestión del mismo. Se nos olvidó también el sector primario, ya que el futuro era contrario a éste. Nos ha dominado un proteccionismo ambiental de carácter urbano, consumista y teórico, que ignora y margina gran parte de la actividad agraria tradicional.
Las importaciones han supuesto abaratar la cesta de la compra, pero con productos que nos llegan con precios "dumping", y sin aranceles en muchos casos. Esto ha creado una situación de precariedad para nuestros agricultores, a lo que se suma la competencia por el suministro de agua de unas crecientes zonas urbanas y turísticas.
Lo descrito, ha hecho que nuestro campo esté en una profunda crisis. Hemos perdido más de 80.000 agricultores, y unas 100.000 hectáreas antes cultivadas, son hoy tierras balutas, marco ideal para la propagación de incendios. Hemos perdido más de 100.000 cabezas de ganado que pastaban nuestros campos, y las que quedan se alimentan con piensos importados.
El campo lo mantiene un pírrico 2% de la población activa y no hay relevo generacional. Además de tener menos agricultores, hemos perdido un importante número de herbívoros que retiraban más de 700.000 toneladas de pastos anuales, que ahora puede ser combustible de incendios.
La vigente legislación ambiental en Canarias es inoperante, porque separa a los campesinos del medioambiente. Declara unos niveles de protección de flora y fauna con una enorme carga burocrática, que con papeles y líneas de colores en los mapas separa aún más la vida en el campo de la gestión ambiental. Lo que hacían nuestros abuelos, eso que llamamos cultura tradicional, hoy se han convertido en actividades proscritas (p.e. limpiar una parcela para cultivar en medianía o limpiar las pistas de acceso).
En un territorio que tiene la mayor masa forestal de los últimos 500 años, no parece que sea prioritario, desde el punto de vista ambiental, el grosor de un palo, o si tenemos que dejar un árbol para que aniden los pájaros, o que hacer carbón lleve el mismo papeleo que una instalación industrial. Mientras, nuestros montes están cargados de leñas muertas, e importamos carbón de Argentina o Cuba.
Hemos de aclarar que hay otros problemas ambientales causados por nuestros campesinos. Las más de 40.000 hectáreas cultivadas debiéramos abonarlas con materia orgánica de nuestros montes, contribuyendo a generar puestos de trabajo, y a la vez previniendo incendios. Sin embargo, importamos materia del exterior para estos menesteres.
La lucha contra el fuego demanda un trabajo continuo en nuestro medio. La asignatura ambiental pendiente más importante es la prevención de estos. Nos debe obligar a un compromiso económico, tanto por las administraciones como por los propietarios de los suelos, para que velen por la retirada de materia vegetal muerta antes del verano.
La urbanización del campo, ha traído habitantes al medio rural que ignoran los principios básicos del cuidado de su entorno, ha elevado el riesgo de pérdida de vidas humanas en los incendios, y a que tengamos que destinar equipos de intervención para defender las viviendas de aquellos que han mantenido negligentemente sus propiedades.
La administración ha de ser ante todo colaboradora con las actividades agrarias. Ante el avance del monte en tierras antaño de cultivo, son los campesinos los que están en peligro de extinción. La conservación ambiental demanda actividades agrarias, que sean complementarias con la defensa de nuestros bosques. Agricultores y ganaderos pueden ser gestores de nuestros espacios naturales.
La legislación ambiental debe facilitar más las actividades rurales, y ser más rígida con la limpieza de los entornos poblados.
