La vuelta a las aulas de Infantil, Primaria y Secundaria en Canarias a partir del martes abre un periodo de incertidumbre marcado, primero, por la capacidad del sistema educativo y sanitario para evitar los contagios del Covid-19 entre los alumnos y el personal docente, y segundo, porque la enseñanza afronta un fenómeno inédito: retomar la rutina educativa tras una suspensión abrupta desde que en marzo se decretó el estado de alarma. El curso 2020/2021 constituye un reto que afecta a directores, profesores, alumnos y madres y padres, y por supuesto a unos responsables autonómicos a los que les corresponde tener engrasados los mecanismos para afrontar situaciones de emergencia. Pero también forma parte de su cometido una labor no menos ardua: conseguir que el estamento docente se sienta comprometido con los protocolos de prevención, lo que conlleva la exigencia del diálogo frente al conflicto, una negociación imprescindible dado que está en juego la salud de las personas.
El otro pilar son las madres y padres, que requieren información permanente, participación en las decisiones y transparencia en el conocimiento de la normalidad, pero sobre todo de las situaciones excepcionales en las que está en juego la salud de sus hijos. De la misma manera, las familias deben asumir su cuota de responsabilidad, con la perspectiva clara de que cualquier descuido e imprudencia en el protocolo puede ser catastrófico. Sería de un egoísmo incomprensible la disponibilidad de madres y padres a favor del requerimiento permanente, sin tener en cuenta, como se ha podido comprobar a lo largo de estos meses, que el mayor o menor éxito frente a la pandemia reside en la disciplina de los comportamientos, el cumplimiento estricto de las normas y la colaboración ciudadana.
Los progenitores no pueden quedar al margen de estos principios, cuyo cumplimiento es la vía para que sus reclamaciones tengan credibilidad. De sobra está decir que este compromiso se evidencia ante una vigilancia extrema de los hijos, especialmente en lo que se refiere a los adolescentes, más propensos a una vida social incompatible con las directrices de contención.
Pese a los amagos por retrasar el comienzo del curso en Gran Canaria y Lanzarote debido a los malos datos epidemiológicos, Educación anunciaba el pasado jueves, ante miles de familias expectantes, el comienzo del curso. Unos días antes arreciaban las críticas de directores de centros por la improvisación y por la falta de una metodología profesional de actuación ante la pandemia.
Frente a los malos augurios, la Consejería ha puesto en marcha planes de contingencia para actuar ante un caso de Covid-19 y ha anunciado pruebas de PCR para profesores y alumnos en todos los colegios localizados en zonas calientes, como Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife al completo. La reacción primaria, sobre todo cuando se trata de la protección de los hijos, es buscar carencias o fallos. A estas alturas son conocidas las dificultades para acertar en las estrategias para afrontar la pandemia, aunque sí se ha podido contrastar que la prisa no es una buena consejera. Desde este punto de vista, hay que darle un voto de confianza a la planificación realizada por el Gobierno de Canarias, y apostar porque todos los estamentos afectados se comprometan en el cuidado de la salud.La experiencia de unos niños sin colegio ha hecho más evidentes problemas como la conciliación o la falta de espacio en los hogares.
Las escuelas no son aparcaderos de niños, por más que resulten decisivas para la conciliación. Lo de menos es regular la mascarilla. Lo sustancial, el reajuste en las materias y la actualización pedagógica después de un curso anterior que acabó desde la ESO a la selectividad con un aprobado general en la práctica. Un cúmulo incalculable de conocimientos volaron con la excusa de no dejar atrás a nadie. Lejos de favorecer a los jóvenes, esa manga ancha los condena. Padecerán la carencia en sus propias carnes en el futuro con unas aptitudes profesionales disminuidas, viéndose en situación de inferioridad y con menores posibilidades de prosperar.
También preocupante han sido las disfunciones tecnológicas a la hora de afrontar una educación online. Hemos visto a familias que carecían en sus casas de terminales para el acceso a las clases de sus hijos, o bien de un ADSL o una fibra óptica en condiciones para recibir los contenidos o para acceder a la aplicación necesaria. El cierre de las aulas, sin duda alguna, pasará factura al nivel de conocimientos, un retraso, que, paradójicamente, nos ha puesto ante los ojos la urgencia para que la educación tenga la preponderancia debida en los presupuestos públicos.
Canarias padece un déficit crónico en la enseñanza que debería ser contemplado, a efectos de atajarlo, en las peticiones de las Islas para beneficiarse del plan de ayudas de la Unión Europea para recuperarse de la pandemia. La clase política no puede hacer oídos sordos a las aspiraciones de miles de familias canarias que esperan encontrar en la educación una razón para el progreso social de sus hijos. El frente común contra la pandemia en las aulas, a partir de esta semana, debe ser un revulsivo para acelerar una educación puntera en tecnologías para afrontar la semipresencialidad, con una arquitectura ecológica en sus edificios, con planes de estudio en sintonía con el tejido productivo y capaces de afrontar las nuevas exigencias y con un personal docente de alta cualificación. La única manera de conseguirlo es con una mayor inversión.
La pandemia nos sitúa ante la prioridad de un pacto educativo, no conseguido, por ahora, en lo que se refiere a encontrar una estabilidad legislativa ante los cambios de gobierno. En el caso que nos ocupa, la seguridad de los alumnos, nada podrá ser factible sin el convencimiento de que cada una de las partes debe adoptar la cuota que le corresponde del protocolo. Sería un éxito sin precedentes que no hubiese incidencias, ojalá fuese así, pero lo realmente relevante es que funcionen los cortafuegos. De ello depende que el curso 2020/2021 resulte un hito de eficacia y convivencia.
La educación es la principal palanca para combatir las desigualdades y una ventana de oportunidades. De su mal funcionamiento se derivan en cascada muchos problemas de otra índole de la actualidad: la intolerancia, la aversión a responsabilizarse de los actos propios y sus consecuencias, la confusión entre sesgo y verdad y la ausencia de respeto. Estamos ante una ocasión ideal para reactivar el interés por la enseñanza y hacer las cosas de otra manera, para fortalecer la idea de comunidad educativa y que las familias se reencuentren con ella. Sin una buena instrucción fracasamos todos.
Sanidad y educación son los dos grandes servicios del estado social. Al primero, en Canarias, le han saltado no pocas costuras y resiste gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios. Al segundo, un duro test de estrés lo va a retratar en pocos días. No existe un colchón tan confortable para la mediocridad como la autocomplacencia. Producir universitarios y bachilleres en serie no equivale a gozar de un aprendizaje de calidad sino quizá lo contrario. El estudiante que no alcanza hoy la cima culpa del fracaso a sus profesores. Las madres y padres deberían ser los primeros en desactivar esa coartada para recuperar el valor del esfuerzo y la exigencia como emblemas.
