El Congreso de Diputados ha tumbado el real decreto-ley que permitía al Gobierno central confiscar los superávits de los ayuntamientos. Pedro Sánchez solo consiguió los votos del PSOE y Unidas Podemos (156 escaños) y un voto suplementario, probablemente fruto de un error. El resto de los grupos de la Cámara Baja votaron en contra (193). En vez de llevarlo a la reflexión, la infinita y muy guanaja soberbia gubernamental ha encontrado la voz de oro de la ministra de Hacienda para expresarse: "Lo que hacen sus señorías no desgasta al Gobierno, sino que plantea un problema al municipalismo". Es la primera vez que el Gobierno pierde una votación sobre un decreto ley, pero a María Jesús Montero se lo trae sin cuidado, y, prolongando la metodología retórica de su presidente de decir al mismo tiempo una cosa y la contraria, afirmó que seguirá "trabajando" con la FEMP y que el Gobierno no tiene previsto presentar ninguna otra propuesta. Los ayuntamientos seguirán sin poder gastar sus propios superávits y remanentes mientras se agrava la crisis económica y muchos cientos de miles de ciudadanos acuden a ellos buscando ayuda para sobrevivir o acceder a servicios asistenciales.

Hace un par de días el economista Benito Arruñada indicaba que la estrategia sanchista se basa en alcanzar "la inmunidad por el error continuado": declarar o ejecutar yerros, desatinos, estupideces y desvergüenzas de continuo y en varios ámbitos simultáneamente. "Así consigue que los críticos queden descolocados porque, por un lado, los dispersa en direcciones diferentes, y por otro, a ninguno le da tiempo de rematar ninguna crítica", apunta. El sanchismo ha podido tomar esta senda estratégica porque a) la aritmética en las Cortes hace imposible ninguna alternativa de gobierno y b) la polarización del país tiene como una de sus bienaventuradas consecuencias una amnesia generalizada y un disciplinado rencor. No había caído la noche de ayer cuando ya se había filtrado que el Gobierno podría pensar -atención: igual podría o igual no- en congelar el salario de los funcionarios en 2021, para que diversas voces de UP se nieguen en redondo a semejante hipótesis. Los ayuntamientos continúan asfixiados financieramente, pero ahora charlaremos durante un par de días de los salarios de los empleados públicos.

Cuando en una democracia parlamentaria un Gobierno pierde frente a una mayoría aplastante una votación sobre una medida específica de singular trascendencia está obligado a corregir su situación. Si en esa derrota han participado sus habituales socios parlamentarios la rectificación deviene perentoria. Salvo los alcaldes socialistas nadie parece encontrar tolerable que el Gobierno central se quede con 14.000 millones de ellos con la promesa de inyectar 5.000 millones a las corporaciones desde los presupuestos generales del Estado de 2021 y la promesa de devolver lo esquilmado en una década. Pero lo realmente extraordinario es que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto, desde una pachorra asombrosa, a bloquear indefinidamente el acceso al dinero municipal depositado en los bancos en una situación como esta. Quizás no fuera mala idea recurrir al Tribunal Constitucional.