10 de septiembre de 2020
10.09.2020
Retiro lo escrito

La farsa suicida

09.09.2020 | 23:48
La farsa suicida

Las autoridades públicas –incluyendo, por supuesto, el Gobierno de Canarias– exigen a los ciudadanos que cumplan los protocolos sanitarios para impedir la propagación del coronavirus: mascarilla, distancia personal, lavado de manos. "La gente debe ser consciente", ha dicho el presidente Ángel Víctor Torres, "de cuál es la situación excepcional en la que vivimos y que sin un comportamiento cívico ejemplar, sin un cumplimiento riguroso de la normativa, no saldremos adelante". Tiene mucha razón. Pero existe otra amenaza a cualquier atisbo o vía de recuperación económica: la mentira política. La negativa en redondo a reconocer los hechos. La sustitución de las expectativas razonable y responsable por la propaganda delirante y frívola. La lucha casi neurótica contra la evidencia: Canarias está arruinada. Los turistas no volverán en octubre, en noviembre ni en diciembre. Y no solo porque los gobiernos europeos les recomienden no salir, sino porque las depauperadas clases medias alemanas, francesas y británicas empiezan a palpar sus bolsillos vacíos. La mayoría del negocio turístico no está en manos del capital canario. Si la situación se prolonga cerrarán definitivamente sus hoteles y se largarán a otros destinos más prometedores o menos golpeados, aunque se prolonguen los ERTE –una figura de la reforma laboral del PP diseñada por Fátima Báñez y que indignó mucho a la izquierda– hasta el infinito y más allá. Mientras los ingresos fiscales se hunden, el desempleo escala al 30% y el PIB pierde el 35% respecto a lo generado 2019 –como mínimo 16.000 millones de euros– todavía hay que aguantar a departamentos del Ejecutivo regional cantándose el riquirraca o comprobar que los funcionarios, a los que se aumentó el sueldo en casi coincidencia con la declaración del confinamiento, siguen cobrando lo mismo, incluyendo las pagas extraordinarias. Lo llaman estímulo al mantenimiento del consumo, pero en realidad es miedo electoral a 60.000 canarios que trabajan en las administraciones públicas. Entre los ciudadanos que no se ponen las mascarillas y los políticos que no quitan las máscaras el país está al borde del precipicio de una crisis existencial.
La misma crisis migratoria proporciona otro ejemplo de la perfecta, guiñolesca inutilidad del modus operandi gubernamental en Canarias, de la mascarada incesante que no tiene otro objeto que apantallar una realidad atroz cada vez más patéticamente. Se les ocurre ahora convocar el Foro Canario sobre la Inmigración y la conclusión fundamental –voceada por la inefable Noemí Santana– es que el Gobierno de Canarias insta al Gobierno de Canarias a buscar soluciones. También, por supuesto, instan al Gobierno de España –una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos– a ponerse a hacer algo. Dirigirse formal y explícitamente a los ayuntamientos isleños –en la mayoría de los cuales gobierna o cogobiernan los socialistas– para que ceder espacios públicos –salas, instalaciones deportivas, oficinas en desuso– y dotar así de una instalación digna a los migrantes retenidos pues no, no se les ocurre, porque los alcaldes no quieren perder un solo voto. Hace quince años el desempleo en Canarias era del 10% y no se vivía el temor de una epidemia letal. Ahora no es así. Entre todos, desde el ministro Escrivá hasta los alcaldes y concejales de medianías, han comenzado a cebar delicadamente una bomba de racismo –y todo racismo está empapado de miedo al otro y de cerril desprecio al pobre– que hará metástasis ideológica en la sociedad canaria y en su comportamiento político y electoral en los próximos meses y años.

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