Aunque forme parte del amplio grupo de ciudadanos que cree que España es una realidad plurinacional que solo conseguirá estabilidad y operatividad articulando cuidadosamente su heterogeneidad, también soy de los que consideran que el coronavirus ha demostrado sin la menor ambigüedad el fracaso estrepitoso del modelo del Estado de las autonomías. Al menos, de ese modelo tal como lo hemos tenido estructurado hasta ahora.

No hay más que ver lo que nos está ocurriendo con la pandemia. Desde el punto de vista sanitario, una de las competencias más descentralizadas en nuestro modelo, el desastre es evidente. No solo somos el país europeo con más contagios sino asimismo el que está reaccionando con más impotencia. Las instancias internacionales más prestigiosas ya están estudiando no solo las características de nuestros contagios y de la escandalosa mortalidad, sino también el ejemplo negativo de las contradicciones que hemos cometido con nuestro esquema político organizado en autonomías en la prevención, las compras de material sanitario, la gestión cotidiana, la descoordinación entre territorios, la mala administración de las técnicas y herramientas de combate así como la insolvente política informativa.

Si en un tema como este me aceptan un simplismo, les diré que hemos sido y estamos siendo de los peores. Aunque aquí no hayamos tenido el azote suplementario de quienes han sufrido a Bolsonaro, Trump o Johnson, nos hemos beneficiado muy poco de estar en el centro de la próspera y racional UE. Y del mismo modo, tras el fracaso sanitario apuntamos hacia algo similar en relación a las consecuencias socioeconómicas del problema.

La relación entre eso y nuestra división en autonomías tiene un argumento: todo nos funcionó menos mal mientras el Gobierno central administró directamente la crisis. Lo hizo apoyado en aquel estado de alarma estatal tan vituperado por casi todas las autonomías, cuyos dirigentes predicaban que si se les dejaban llevar las riendas conseguirían mejores resultados. Luego la realidad les ha desmentido. Sabemos que en aquellas circunstancias iniciales tampoco lo hizo muy bien el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero casi todo lo que ha venido después ha sido todavía menos operativo. Y azuzado, encima, por un pecado colectivo de codicia: cerrar los ajos y confiar desmesuradamente en la suerte ante el riesgo de rebrote rápido que suponía acelerar el regreso de la movilidad turística sin haber dictado normas preventivas generales comprensibles para todos e implacablemente aplicadas.

Este no quiere ser en absoluto un artículo de rencor, pero debe atribuir algunas responsabilidades del pasado. La transición hizo cosas magníficas pero la instauración del Estado de las autonomías sin diseñar y atar inmediatamente los instrumentos para que funcionase fue un inmenso error histórico. Ni se estableció una coordinación horizontal normal y estable entre ellas, ni se fijaron sistemas de autocontrol democrático colectivo, ni se estructuró un ensamblaje eficiente en torno a las responsabilidades generales de la Administración central. Debemos estos agujeros negros, entre otros, a Felipe González, Fraga, Aznar y los principales dirigentes autonómicos (como Pujol y Arzalluz). Aupados a grandes responsabilidades, todos ellos todos ellos sucumbieron a una pulsión ventajista respecto a lo que supondría para su poder personal a corto plazo la continuidad sin fecha de caducidad de la filosofía centralista que sobrevivía bajo los cambios autonómicos.

Créanme: la sanidad no nos ha fallado ahora por no estar centralizada sino por la mala calidad de su descentralización en parcelas territoriales desconectadas entre sí. Aquellas y otras personalidades que no se dignaron siquiera a convertir el Senado en una cámara de representación y coordinación de los territorios fueron miopes. Y no solo la sanidad que quedó irracionalmente desvertebrada entre territorios con problemas similares pero sin mecanismos para abordarlos conjuntamente (lo vimos en la frontera de Huesca y Lleida). Sin Senado quedaron sin marco de resolución coherente la financiación autonómica, se dejó abierta la puerta para continuas guerrillas fiscales entre territorios y se abandonó a merced de subjetividades puntuales, partidistas y clientelares la solidaridad interterritorial. Todos los arbitrajes continuaban en manos del poder central, que a veces convocaba reuniones cuasi papales del presidente del Gobierno con los obispos autonómicos sentados en un estrado inferior...

El covid ha demostrado que se dibujó un modelo que luego, por no completarse, en la práctica actúa frecuentemente contra de los intereses de los ciudadanos, que solo favorece las demagogias dialécticas de quienes tienen almas de reyezuelos de tribu mientras ayuda muy poco a los presidentes que buscan soluciones racionales y realistas para los problemas colectivos o específicos que se van planteando. Siendo una situación difícil, si arrinconamos a los nostálgicos de aquellos apellidos tan ilustres está bastante clara la dirección y la calidad de la rectificación descentralizadora que debemos emprenderse a partir de ahora.