El sistema educativo, igual que el resto de la sociedad, no estaba preparado para una crisis de esta envergadura, la pandemia ocasionada por el covid-19. La situación de algún modo ha hecho más palpables las carencias. El confinamiento destruyó la función igualadora de la escuela, que implica que dentro del aula todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades.
Somos conscientes de que se redujo la inversión y bastante en años anteriores tanto en sanidad como en educación e investigación y ahora se están sufriendo mucho más las consecuencias. Además, hemos vivido en un país de improvisaciones, en estos últimos años, desde abril del 2008, sin estrategias a medio y largo plazo y hemos basado nuestro modelo productivo en los servicios y la construcción sin comprender que la educación, la innovación y la investigación es la prosperidad de la sociedad. La pandemia ha hecho más palpable las carencias y los desafíos del sistema de la educación obligatoria. Entre las muchas dudas y quejas, la comunidad educativa, de forma urgente tendrá que debatir sobre el futuro de la educación y la enseñanza y sobre la esencia y función de la escuela. Este es quizá el punto más crítico al que se enfrentarán todos los centros de España: el regreso a clase. Según gran parte de los docentes de la enseñanza, las instrucciones que han recibido de las consejerías de Educación son confusas y poco concluyentes; los recursos para cumplirlas resultan escasos; reina el principio de incertidumbre y cada escuela infantil, colegio e instituto parece enfrentarse al nuevo curso a su modo y como buenamente puede. La mayoría se muestra poco esperanzada. La volatilidad de este verano, con rebrotes y retroceso de fases, añade aún más confusión con vistas al regreso a las aulas. Y ante «la nueva normalidad» padres, profesores y alumnos coinciden en expresar su inquietud y sus dudas en la cuenta atrás para el regreso, en apenas unas semanas, a unas aulas que, por el coronavirus, no están del todo preparadas para iniciar de forma segura el curso presencial, imprescindible para garantizar el derecho a la educación. Las clases presenciales son insustituibles, pero hay que poner todas las garantías para que sea de manera segura, para que no exista ningún riesgo de contagio y que todos los alumnos/as tengan las mismas garantías. Y en el caso de nuestro sistema educativo valenciano tendrá que adaptarse a la nueva situación, cosa que al parecer lo está haciendo con gran sentido común.
Por otro lado, los cambios que hemos tenido y sufrido con la enseñanza online en formato digital y a distancia y el uso de las TICs produciendo una gran brecha digital y social que ha afectado a nuestro sistema educativo, por el confinamiento, a la comunidad educativa, a la ciudadanía, a las familias, al propio alumnado y a los profesionales. No obstante, los padres y la mayoría de la comunidad educativa defienden la importancia de la presencialidad para garantizar la equidad e igualdad de oportunidades del alumnado, ya que si algo ha quedado claro en este curso pasado es que la enseñanza a distancia dificultó el derecho a la educación, y se escenificó la falta de instrucciones precisas y pocas pautas claras. Por lo tanto, como resultado de las medidas que se han implementado tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas no han sido suficientes.
Hay que legislar ya y de forma urgente para que se desarrolle la enseñanza en línea en los centros educativos y no se repitan los errores del último cuatrimestre del curso 2019-2020. Hay que, ante la proximidad del comienzo de curso presencial, un cambio en la normativa, en los contenidos, en los medios y en las necesidades no solamente estructurales sino legales, sociales y de competencias donde los centros de enseñanza, las entidades e instituciones cambien y se ajusten a la realidad social, sanitaria y educativa actual y que todas las partes estén implicadas con la responsabilidad que les corresponda. Sabemos que en la vuelta al cole habrá procedimientos, protocolos de todo tipo y de todos los centros y recomendaciones de cómo actuar y organizar los centros de enseñanza, pero no es suficiente. Mejor dicho, será pan para hoy y hambre para mañana.
El presente y el futuro han cambiado por la pandemia. La sociedad y las entidades administrativas y sociales también son conocedoras de que la realidad de las diferencias de nuestra sociedad son por motivos económicos, sociales y educativos. Plantear nuevas vías de comunicación, articular mecanismos y planeamientos de coordinación adaptándose a los nuevos tiempos, es necesario y urgente. Esto significa que la descentralización es coherente con la perspectiva democrática que apuesta por contextualizar la educación y acercarla a sus usuarios; también lo es con la flexibilidad y cobertura de los nuevos servicios educativos que exige una realidad cambiante. Los modelos de autonomía deben evidenciar su adecuación tanto para la calidad como para la equidad en educación. La pluralidad y la diversidad tienen que ser ejemplo de la descentralización. Una educación descentralizada puede contribuir a relacionar más estrechamente el desarrollo educativo y el desarrollo social. El traspaso de competencias educativas a los ayuntamientos como primer ejemplo reforzaría su papel referencial en la política educativa del territorio. La apertura al diálogo y el debate entre los distintos niveles de la administración educativa resulta imprescindible para favorecer el consenso. Si somos capaces de reforzar las responsabilidades de los Ayuntamientos en la aplicación de políticas educativas regladas, les proporcionaremos más protagonismo y recursos para impulsar a las ciudades como entes educadoras y más implicación en la gestión educativa.
La pandemia no durará siempre, pero la oportunidad, la tenemos este próximo septiembre, de plantear e introducir un fuerte debate sobre el nuevo sistema escolar con la reforma educativa LOMLOE y los efectos de la pandemia del coronavid en nuestra sociedad.
Será fundamental que se incluyan nuevas propuestas en la nueva reforma LOMLOE. Tenemos una oportunidad histórica de cambiar y mejorar la legislación, las leyes, los articulados sobre la educación y la enseñanza. Nuestro nuevo tiempo está aquí y ahora. Vendrá la vacuna, con ello posiblemente el olvido de esta pandemia, pero lo que no vendrá de nuevo es la oportunidad del cambio, de la mejora de la enseñanza para muchos años, del pacto educativo, del consenso, de los nuevos tiempos en definitiva en la enseñanza.
Algunas de estas propuestas y ejemplos surgen de los que han sido más afectados por la pandemia, pero no los únicos, la primera y fundamental es:
a) Plantear y realizar argumentos que permitan establecer claramente las obligaciones y las responsabilidades de los diferentes sectores que intervienen, como son los agentes educativos de nuestra sociedad.
b) Definir qué funciones debe asumir la escuela en este contexto, así como qué papel tendrán otros agentes educativos, otras instituciones, entre las que deben jugar un protagonismo destacado nuestras administraciones locales (Ayuntamientos) y de comunidad.
c) Impulsar la reflexión y el estudio en torno a las competencias que progresivamente puedan ir asumiendo las diferentes administraciones así como otras entidades y asociaciones en materia educativa.
La segunda cambios y mejora en el articulado, entre otros:
1. La educación infantil de 0 a 3 años. Garantizar la calidad del desarrollo educacional de la primera infancia asegurando que todas las niñas /niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a la compensación de los efectos que las desigualdades de origen cultural, social, económico y digital así como la detección precoz y atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo.
2. La dirección de los centros educativos. Potenciar la calidad del sistema educativo y su apuesta por un modelo de dirección profesional que se alinee con las recomendaciones europeas conjugando la responsabilidad institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y la dinamización pedagógica. En definitiva, más autonomía, y que transforme el centro, orientado a la mejora permanente de su calidad educativa, sanitaria, medioambiental y social.
3. La Atención y desarrollo de la escuela rural. Una escuela rural en consonancia con el medio y que afronte el reto de actuar como fijadores de identidad o impulsores de los cambios. Donde se conozcan y valoren los diferentes entornos, las tradiciones autóctonas, las creencias propias de las zonas y los lenguajes silenciosos de las comunidades, haciendo el esfuerzo de integrarlos dentro del currículo escolar, creando una fuerte identidad propia en el que los diversos elementos se integren al día a día de las ruralidades. Un nuevo planteamiento multidisciplinar.
4. La Inspección educativa como órgano mediante el cual el poder educativo ejerce su competencia inspectora en el área de la enseñanza. Las funciones de este colectivo serán en el futuro substancialmente muy distintas de las actuales. En un sistema educativo de gran complejidad, la Inspección ha de organizarse como un instrumento asimismo complejo, capaz, en su conjunto, de llevar a cabo, con un alto nivel de calidad, actuaciones y tareas que exijan un alto grado de especialización. La Inspección del hoy y del mañana debe contribuir a los cambios que se necesitan y ser de la actual sociedad y no del sistema.
5. Ordenación de las enseñanzas con nuevos objetivos y áreas: buscando la organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida. Cambio en el currículo y en las áreas de las etapas educativas con su ampliación y notoriedad, en especial en la cultura ecológica y medioambiental, en el cine y artes visuales, en el teatro y artes escénicas y en la música y la danza.
6. Nuevo papel en la enseñanza de los Ayuntamientos. La descentralización de la educación a nivel municipal es coherente con una perspectiva democrática que apuesta por contextualizar la educación y acercarla a sus usuarios; también lo es con la flexibilidad y cobertura de los servicios educativos que exige una realidad cambiante, con la integración de la diversidad de recursos educativos, la respuesta a las demandas socioeducativas y el fomento de la participación de la comunidad educativa.
7. Potenciación del cambio digital. El confinamiento por covid-19 y el cierre de escuelas ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sistema educativo El cierre de escuelas y el confinamiento de alumnos/as en sus hogares nos exige una respuesta compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Tenemos la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado y hacer efectiva la posibilidad de que cada alumno/a desarrolle el máximo de sus potencialidades y que se regule la acreditación y reconocimiento de la formación en línea al día de hoy.
(*) Maestro
