El Gobierno de Canarias ha presentado las directrices para el presupuesto de 2021 en el que tratará de mantener los servicios públicos, mayoritariamente en sanidad, políticas sociales y educación, así como las medidas que prevé para el impulso de la actividad económica y el empleo, partiendo de un déficit de 900 millones, o lo que es lo mismo, de un 11% del presupuesto total previsto.

Suponemos que estará incluido el previsible incremento de los intereses de la deuda en caso de que esos 900 millones de euros no se financien por Europa o el Estado y que, a nivel estatal, supondrán el 10 % del presupuesto, y algo menos en Canarias, al estar menos endeudada.

Europa ya ha dado sus cifras, tanto en préstamos como en subvenciones y las irá pagando en los próximos años. Suponemos que en el mismo orden temporal, lo repartirá con las comunidades autónomas, pues tendrá que sufragar su propio déficit derivado del Covid-19 y, al parecer, el resto lo asignará en función de proyectos presentados que competirán entre las diferentes autonomías, tal como hizo el gobierno con el cuestionado plan Zapatero.

Otro desafío a Canarias que tendrá que consensuar previamente, proyectos insulares, municipales y autonómicos, con las dificultades que traerá el hecho de que, tras entregar al Estado sus ahorros y excedentes, clamarán no solo por la inversión, sino que tendrán que garantizarles, financiación y cofinanciación.

O lo que es lo mismo, como van a pagarlo y que parte debe pagar el Estado o la Autonomía a fondo perdido, para que Cabildos y Ayuntamientos puedan garantizar la ejecución en tiempo y forma y no tengan que devolver los fondos de aquellas obras o servicios que no puedan ejecutar.

Cualquier plan debe basarse en su ejecución y no solo en su dotación inicial. Canarias se sigue construyendo desde los municipios hacia la autonomía y no al revés.

Una posibilidad de financiación vendría dada porque el Estado permita aumentar el techo de gasto, no solo para los gastos extraordinarios del Covid-19, sino para todos los gastos presupuestarios, así como para la utilización de remanentes no gastados años anteriores e incluso los superávit, además de cumplir con la financiación mínima que nos reconoce el nuevo Estatuto de Autonomía, mejorar la financiación autonómica para Canarias o zanjar, previo pago, los contenciosos que tienen abiertos con Canarias, como el de carreteras.

El estado se ha comprometido, o al menos ofrecido, que a cambio del apoyo presupuestario no cambiará la política fiscal estructural hasta que la economía se recupere de esta crisis, lo que no implica no pueda subir los tipos de los impuestos ya establecidos, pero existen muchas dudas de que un incremento de la presión fiscal a familias y empresas sea la mejor solución.

En cualquier caso, nadie debería discutir que el conjunto del Estado entró en la crisis al mismo tiempo, pero tampoco que Canarias solo saldrá adelante con una adecuada financiación y ejecución presupuestaria y su capacidad de hacerlo eficientemente.