Si no se vertebra (y ejecuta) un conjunto de reformas de las administraciones públicas no saldremos de la crisis económica, social e institucional a la que nos ha abocado la pandemia del coronavirus, pero también varios conflictos y desajustes que se han dejado pudrir desde hace décadas. Entiéndase salir como evitar el colapso y, más adelante, transformar las bases del desarrollo económico, que en Canarias no consiste únicamente en potenciar la agricultura o la industria local para resituar el turismo entre las actividades productivas, sino en mejorar la cualificación profesional, aumentar la productividad superando un horizonte imposible de microempresas fugaces, sustituir una élite empresarial que vive de las rentas institucionales isleñas, españolas y europeas por el dinamismo de la creación y el riesgo incentivados o construir un auténtico mercado regional.

En el artículo publicado en Agenda Pública se concretaban grandes reformas estratégicas: innovación, evaluación y transparencia; internalización de la inteligencia y externalización del trámite; diversificación y flexibilización del empleo y liderazgo y gestión profesional a partir de un estatuto de la función pública del siglo XXI, que incluiría el fin de las poltronas vitalicias. Pero existen reformas de menor calado estratégico, pero sin duda indispensables para enfrentarse a) la vehiculación rápida, eficaz y eficiente de las ayudas públicas a individuos, familias y empresas y b) la gestión o cogestión de los proyectos que deberán ponerse en marcha gracias a las subvenciones procedentes de los fondos de Next Generation de la Unión Europea a partir del próximo año y, sobre todo, entre 2022 y 2026.

Canarias debe aceptar esta situación como una oportunidad positiva y no como una odiosa circunstancia: acabar con las duplicaciones y superposiciones entre las administraciones regionales, insulares y locales, eliminar cargos públicos innecesarios y simplificar procedimientos. El viceconsejero de Presidencia debería asumir la dirección de una Oficina de Reconstrucción que reclame a los mejores funcionarios para el diseño y gestión de los proyectos financiados por Europa sin necesidad de mayores paseos por las consejerías del Ejecutivo, de la misma manera que las ayudas de carácter social deben canalizarse a través de un convenio con los ayuntamientos. En los muy denostados Estados Unidos llegan postalmente, a las familias con parados de larga duración, cupones que permiten adquirir alimentos por 100, 150 o 200 dólares mensuales. Aquí el reparto de alimentos sigue siendo un esfuerzo de ayuntamientos y sobre todo de ONG, cada día más desbordados. No podemos seguir con una administración pública que actúa como en tiempos de paz, cuando estamos en guerra. Y nos jugamos disponer de un futuro propio.