Ocurrió de madrugada. Por fin, después de largas negociaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 llegaban a un acuerdo para dotar el fondo de recuperación destinado a reflotar Europa y, sobre todo, fijaban las condiciones para acceder a esos fondos.
Estas recomendaciones, hasta ahora no vinculantes, son elaboradas por la Comisión Europea y su incumplimiento, hoy ya sí, puede provocar la no recepción de los fondos acordados. De estas recomendaciones nacieron cuestiones como la reforma laboral de 2012, o la sujeción de las pensiones a un criterio de sostenibilidad. Son diez las que están en el punto de mira, pero deseo centrar hoy la atención en tres de ellas: ajuste presupuestario, temporalidad y Educación (permítaseme utilizar la mayúscula en Educación).
El ajuste presupuestario parece una condición menor, pero es, sin duda, una de las más importantes. España acumula déficits crónicos desde el inicio de la democracia, con únicamente tres años (de más de cuarenta) con superávit. La generación de déficits nace de una gestión ineficiente por parte de las administraciones públicas de los fondos aportados por los agentes económicos (o sea, empresas y familias, todos nosotros): gastan más de lo que ingresan de forma recurrente. Los sucesivos gobiernos han ido recurriendo a la subida de impuestos y al incremento de la deuda para financiar estos déficits. Cuando la mayoría del gasto en el que incurren no es productivo (financiando sectores no productivos, por ejemplo) y la actividad de la que detraen los fondos sí lo es, se incide de forma crónica (con impuestos o con deuda) en la pérdida de competitividad de la economía española.
Un dato, en 2007 cada español (incluyendo a todos nosotros, niños y no tan niños) tenía una deuda 'no voluntaria' (sin tener en cuenta sus deudas privadas contraídas voluntariamente) de alrededor de 8 mil euros. Hoy debemos más de 26 mil euros por persona por deudas no contraídas directamente por el ciudadano. Dinero que hay que devolver y que redundará, sin duda, en menos servicios y de peor calidad, en definitiva, en una peor calidad de vida que dejamos a nuestros niños y jóvenes.
La temporalidad.- La reforma laboral de 2012 afrontó este asunto y trató de promover la contratación de jóvenes. La tasa de temporalidad en España se encuentra a la cabeza de Europa y la diferencia de salario, seguridad y beneficios sociales entre un joven que entra hoy en el mercado laboral y sus compañeros ya asentados trasciende ya la antigüedad de estos últimos. La temporalidad y esta diferencia de trato ya no solo lastra el potencial de crecimiento y de cohesión social, desmotiva a nuestros jóvenes y no les permite arrancar un proyecto vital al que nosotros, sus mayores, sí tuvimos derecho.
El pacto por la Educación.- Nos recomiendan desde la Comisión Europea un pacto de Estado por la Educación. España adolece de una tasa de abandono escolar que es necesario afrontar de forma urgente. Hay que incentivar a nuestros estudiantes, encontrar sus motivaciones adaptando sus perfiles a su lugar en el mundo laboral, retornar al estudio de humanidades consiguiendo así ciudadanos críticos y, por supuesto, premiar la excelencia.
Cada crisis tiende a posicionar a la población en extremos ideológicos y esta crisis no va a ser diferente. Sin embargo, si creemos en las generaciones futuras, hoy es momento de mirar a los jóvenes y reflexionar. Como votantes, pagadores de impuestos y ciudadanos tenemos una responsabilidad y debemos Exigir (sí, Exigir) el cumplimiento de estas medidas. No podemos seguir cargando las espaldas de los niños de hoy con nuestras deudas, no podemos premiar gestiones económicas que sigan dando hoy pan a los padres que pagarán sus hijos mañana, no podemos permitirnos no alcanzar este pacto que garantice una Educación de calidad. Es el momento de dejar de cargar a nuestros jóvenes con deudas no contraídas por ellos y de desterrar la ideología de los planes educativos, consiguiendo ciudadanos críticos, dialogantes, formados, excelentes. Solo así seremos miembros de una sociedad sana, culta, justa y, en definitiva, de ciudadanos felices.
(*) Profesor de Economía, en la Universidad Europea de Canarias
