En la cumbre del Gobierno central con los presidentes de los gobiernos autonómicos de San Millán de la Cogolla, Pedro Sánchez solo esbozó los mecanismos de una supuesta gobernanza compartida en la distribución y gestión de los fondos procedentes del Next Generation (los 750.000 millones de euros), y lo que quedó más claro es que sería la Presidencia del Gobierno español la que coordinaría y sopesaría propuestas de gasto e inversión y, finalmente, las aprobaría o no. Vete tú a saber cuándo se perfilarán más las cosas porque, asombrosamente, las administraciones públicas españolas, en medio de una catástrofe económica y social, sigue avanzando a la fulminante velocidad de un gasterópodo y con una creatividad similar. El máximo ejemplo es la estrategia para afrontar la apertura de las escuelas y centros de enseñanza el 15 de septiembre mientras las infecciones por el coronavirus sufren un repunte entre muy preocupante (Cataluña y Aragón) y algo más que mosqueante (Canarias).

Por impresionante que parezca (y lo es) en el breve país insular no está claro el número de profesores que se contratarán para apoyar la gestión educativa. Y si Manuela Armas, consejera de Educación y Cultura, conoce la cifra, es igualmente pasmoso que los docentes no estén contratados ya, de la misma manera que los equipos directivos vayan a gozarse sus vacaciones íntegras. En la segunda quincena de agosto (como mínimo) las direcciones de los centros y los nuevos docentes deberían estar planificando, proponiendo, adaptando la dinámica de las aulas, las canchas y los comedores a las circunstancias sanitarias. Pero todo el mundo está de vacaciones ya, excepto, probablemente, la consejera de Educación. ¿Cómo quieren los profesores y los equipos de dirección de los centros escolares que confiemos en ellos? ¿Cómo quieren que se les tome demasiado en serio?

Un objetivo irrenunciable de la educación pública lo constituye la perentoria necesidad de recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento. Almudena Sevilla, Jorge Sainz e Ismael Sanz han desarrollado una propuesta. La pueden leer en nadaesgratis.es: tutorías en grupos de cinco alumnos, en horario extraescolar, media hora diaria durante doce semanas. Compensaría la pérdida de los tres meses de escolaridad presencial del confinamiento y el posconfinamiento. Su coste aproximado sería de 365 millones de euros. El gasto público en Educación en toda España fue de 50.800 millones en 2018. En Canarias podría rondar los 30 millones de euros aproximadamente y el esfuerzo debería centrarse particularmente en la ESO y en la FP básica y media. Estoy seguro que muchos docentes, pedagogos y directivos en las islas estarán en desacuerdo. Pero es una maldita propuesta, rigurosamente argumentada y evaluada, mientras que aquí, al menos en el espacio público, no se escucha nada, salvo un pachorrudo "hasta septiembre".