Crece el temor a una segunda oleada del coronavirus a la vista de los rebrotes que se suceden por todo el país. Según las últimas estadísticas se aproximan al medio millar y afectan a más de treinta provincias. Los contagios se disparan: de 250 casos diarios de media en junio a los 1.525 reconocidos este viernes por Sanidad. España es el quinto país con mayor incidencia: más de 39 infectados por cada 100.000 habitantes, sólo superado por Luxemburgo, Rumanía, Bulgaria y Suecia, según el Centro Europeo del Control de Enfermedades. La edad media de contagio ha bajado vertiginosamente. No estamos como en marzo, pero urge una respuesta coordinada. El riesgo existe y conjurarlo depende también de la responsabilidad individual, especialmente de la población que está contribuyendo a los repuntes, cada vez más joven.

Los rebrotes han puesto a España en el punto de mira de Europa. Y eso supone un enorme perjuicio para la economía canaria. A las restricciones del Reino Unido para los viajeros procedentes de territorio español, incluidas regiones con bajos números de contagios como Canarias y Baleares que obligan a guardar una cuarentena de catorce días, se han unido los Países Bajos y Alemania, cuyos gobiernos desaconsejan cualquier desplazamiento no estrictamente necesario a Cataluña, Aragón y Navarra. En este caso Canarias ha quedado, de momento, al margen. Francia, Noruega e Irlanda engrosan además, entre otros, la lista de estados europeos que imponen algún tipo de limitación a la movilidad con España. La recuperación veraniega del sector turístico nacional, que aporta el 13% del PIB, se antoja ya una quimera, máxime tras el fracaso de la vía diplomática para reconducir el problema. Canarias se mantiene alerta ante la posibilidad de que esta crisis pueda afectar a su temporada alta a partir de octubre.

La situación es más que preocupante a la vista de los recientes indicadores económicos, consecuencia del largo periodo de confinamiento, y del repunte vírico. El mercado laboral español registró de abril a junio el peor trimestre de su historia, según revelan los datos de la reciente Encuesta de Población Activa, con casi 1.100.000 empleos destruidos, de ellos 108.000 en Canarias. La economía nacional se hundió un 18,5% en el segundo trimestre del año, un golpe sin precedentes. Aumenta, en fin, el número de hogares con todos sus miembros en el paro, en un escenario que advierte del grave incremento de la pobreza en España.

La devastación podría haber sido aún mayor de no haber mediado las medidas excepcionales decretadas para contener el impacto de la crisis sanitaria, fundamentalmente los expedientes de regulación temporal de empleo, a los que todavía se acogen 117.000 trabajadores canarios. No poner freno a los rebrotes de la enfermedad obligaría a tomar de nuevo decisiones drásticas de elevado coste económico y social, impagable para las familias, las empresas y, en definitiva, para el país. Existe riesgo evidente de que el descontrol de la pandemia acabe convirtiendo muchos Ertes en Eres. Los repuntes no sólo dificultan la recuperación económica sino que tensionan aún más la sostenibilidad del estado de bienestar: a mayor incidencia del coronavirus, mayor factura.

Ni el ritmo de contagios ni la letalidad del virus se aproximan siquiera de lejos, afortunadamente, al horror que vivimos en marzo. Hoy se realizan más pruebas PCR, con lo que la detección del mal resulta más eficiente y se puede atajar antes. Aún así, se echan en falta medidas efectivas y coordinadas. Del mando único se ha pasado a descargar el control de la pandemia en las comunidades autónomas. Cada gobierno regional responde a los rebrotes con recetas diferentes y a distinto ritmo, según su criterio. En no pocos casos se anteponen las cuitas y rivalidades políticas al interés general. A la Conferencia de Presidentes faltó el catalán y acudió in extremis el vasco después de negociar lo suyo sin luz ni taquígrafos, por no hablar del falso comité de expertos creado por Moncloa. Una ceremonia de la confusión que desconcierta a los ciudadanos y no ayuda a recuperar la confianza internacional, con el coste económico que ese recelo del exterior supone para sectores esenciales como el turismo.

Para evitar males mayores resulta imprescindible apelar a la responsabilidad de las instituciones y sus dirigentes, pero también a la de todos y cada uno de nosotros. Y advertir a los jóvenes que piensan que el coronavirus no va con ellos que ni son inmunes a la enfermedad ni pueden convertirse en vectores efectivos de la transmisión de un virus que en esta región se ha cobrado hasta ahora 162 vidas y está dejando en la ruina a miles de familias. Nuestros mayores están hoy más protegidos pero no hay que bajar la guardia. Se exige de todos nosotros en este momento un comportamiento ejemplar y solidario en beneficio propio pero sobre todo en el de los que nos rodean, especialmente de aquellos que han soportado estoicamente y con graves secuelas para su salud física y mental meses de confinamiento en geriátricos, residencias y domicilios particulares. No sería justo someter de nuevo a los más vulnerables a semejante castigo por imprudencia o temeridad.