Sin duda han visto ustedes comedias zombis, un subgénero divertido aunque limitado, en el que destaca una pequeña y entretenida birria, Zombie town, que ofrece la peculiaridad de adoptar el punto de vista de los muertos vivientes. Más concretamente el de un grupo de jóvenes que se han convertido en zombis pero no lo saben. Son incapaces de entender lo que les está ocurriendo y, aunque se pegan ocasionales atracones de sangre y tripas, prefieren imaginar que están merendando chocolatinas. Un caso extremo de disonancia cognitiva. Al disfrutar de la película se me antojó que su argumento podría pasar por una excelente metáfora de lo que está ocurriendo en las islas. Estamos a punto de comenzar un proceso de zombificación. Pero no nos queremos enterar. Si alguien abre la boca para insinuarlo le cae encima quien corresponde, en el último pleno parlamentario una diputada de NC, que le afeó la conducta a la oposición porque con tanta crítica erosionan la legitimidad de las instituciones. Pasmoso.

En realidad esta fantasía, simular que no nos estamos zombificando en una economía que ya es casi una muerta viviente, la experimentan con especial intensidad las élites políticas y empresariales, aunque las clases medias funcionariales la imitan todo lo posible. Las clases medias funcionariales son esos tipos que te dicen que tienen la vida resuelta: no entrar a trabajar antes de las nueve y poco después de las dos salen por patas. Su mérito para engordar consiste en haber aprobado un par de exámenes hace un cuarto de siglo. Para mí siempre ha sido un misterio a) que no les corten el pescuezo y b) que todavía se empleen en este país los mismos mecanismos de acceso a la función pública. Las élites y el funcionariado high no ven a la gente con miedo cotidiano a que sus hijos y nietos pasen hambre, aquellos a los que se les está cortando la energía eléctrica, los que deben ya varios recibos mensuales de la hipoteca, los autónomos que se han quedado sin desempleo, los que no han recibido ayudas públicas como el ingreso mínimo vital pese a haberlo solicitado, los que se han quedado parados con 50 tacos, todos aquellos cuyas intervenciones quirúrgicas han sufrido un nuevo y exasperante retraso por el impacto de la Covid-19.

Más de 255.000 isleños están parados: el 21,5% de la población activa. Pero es que otros 200.000 forman parte de un ERTE, mayoritaria pero no exclusivamente en la actividad turística. Incluso si se mantiene más allá del 30 de septiembre el grueso de los expedientes de regulación temporal de empleo, las organizaciones empresariales y sindicales indican que llegaremos a los 300.000 desempleados antes de finalizar el año. Una sociedad sin expectativas verosímiles con cientos de miles de zombis acostumbrados a las arepas y las papas locas y buscando ahora algo que echarse a la boca. El Parlamento de Canarias debería exigir por unanimidad un conjunto de medidas y programas de emergencia, incluyendo un plan urgente para el sector turístico y la prolongación de los ERTE y del subsidio de empleo para parados de larga duración hasta la próxima primavera, solicitando a tal efecto, a través del artículo 42 del Estado de Autonomía, la presentación de proyectos de ley para regular un plan de rescate. Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, unidad política y esa antigualla que se llamaba patriotismo. Hay que elegir: o las islas o las siglas.